Argentina vivió jornadas con escándalos de corrupción y procesamientos penales
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El encarcelamiento de los hermanos Sergio y Pablo Shocklender, apoderado de la Asociación de Madres de Plaza de Mayo, agrupación muy cercana al gobierno de Cristina Fernández de Kirchner (CFK), y la elevación a juicio oral al Jefe de Gobierno de la ciudad de Buenos Aires, Mauricio Macri, son las dos notas destacadas de una semana judicial que roza las altas esferas políticas.
EL juez Norberto Oyarbide ordenó la detención de los Shocklender, apoderados de la Asociación Madres de Plaza de Mayo, que preside Hebe de Bonafini. A cargo de Sueños Compartidos, el plan de vivienda de Madres, los hermanos desfalcaron 240 millones de pesos (USD 53,8 millones) al Estado.
Los ex trabajadores de Sueños Compartidos (SC) pidieron la detención de los cómplices políticos: “Ellos están presos pero no sé por cuánto tiempo porque esos tipos siempre salen a los pocos días debido a que, para que queden presos, tienen que estar presos sus cómplices políticos: la base de todo esto”, dijo desde Chaco el dirigente social Emerenciano Sena, en donde también SC construía planes habitacionales.
Los que trabajaban para la organización en la provincia de Buenos Aires padecen ahora un calvario. Con la suspensión del plan, pasaron a trabajar en otra organización social favorable al kirchnerismo: el Movimiento Evita. Denuncian que ahora les pagan “en negro” (sin beneficios sociales) y con menos dinero de los 3 000 pesos acordados (USD 671). Ahora ya no construyen viviendas sino que se dedican a levantar veredas, con fondos públicos, en La Matanza, distrito hegemónico del poder peronista bonaerense.
Sin embargo, esta detención deja ciertos vacíos porque los acusados no rindieron declaratoria y no fueron llamados a declarar funcionarios estatales, ni siquiera Bonafini, quien además se presentó como querellante contra sus ex apoderados y cuya hija está también implicada en el caso.
Todo el arco opositor salió a criticar al gobierno. La Unión Cívica Radical reavivó su pedido de creación de una comisión investigadora bicameral. Pero fue más Mauricio Macri quien salió a atacar no solamente al gobierno de CFK por “entregar dinero sin control”, sino al mismo juez Oyarbide, quien ayer elevó a juicio oral una causa en su contra por supuesta asociación ilícita en una red de espionaje.
“¿Qué pasa, juez, no hay ninguna responsabilidad? Nadie votó a Schocklender, no se presentó a ninguna elección (…)” y luego añadió en la conferencia de prensa que Oyarbide “actúa eficientemente para defender a los que tienen que ver con el gobierno y en contra de los que son oposición dentro de este esquema de obstruir, trabar y asfixiar a los que pensamos distinto”.
A estos casos se suma la imputación por supuesto “enriquecimiento ilícito” del vicepresidente Amado Boudou cuando era ministro de Economía.
