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El derecho a la libertad de expresión y críticas a la “dictadura mediática” concentraron ayer el debate de la sociedad civil. Esto en el inicio de la Asamblea Anual de la OEA, que deliberará hasta mañana en Cochabamba, Bolivia.

Representantes de organizaciones de prensa y de defensa de los derechos civiles demandaron preservar la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH). Esto en respuesta a las propuestas de reducirle facultades “por ser parcial con la dictadura mediática”.

Esto en las palabras de Roy Chaderton, embajador de Venezuela ante la OEA. Él arremetió contra la prensa privada. Criticó al Grupo de Diarios América (GDA), la Sociedad Interamericana de Prensa y diario El Universo de Guayaquil, “como el de mayor lenguaje de odio en el continente”.

El planteamiento del Gobierno venezolano coincide con el de Ecuador. Este último rechazó que la CIDH otorgara medidas cautelares para suspender la sentencia contra tres directivos y un ex editor del diario El Universo.

Ellos fueron condenados, en febrero pasado, a tres años de cárcel y al pago de USD 40 millones, en un juicio por injurias instaurado por el presidente Rafael Correa.

El sábado, en el habitual enlace ciudadano, el Primer Mandatario confirmó que asistirá a la cumbre. Planeaba llegar ayer en la noche e incorporarse a los debates desde esta mañana.

“Vamos a Bolivia. Participaremos para poner en su sitio a cierta burocracia internacional que se cree por encima de los Estados”.

El canciller ecuatoriano, Ricardo Patiño, habló de las diferencias entre “los millones de dólares” que se asignan a la Relatoría para la libertad de expresión, “que solo defiende a algunos medios”. Y una comisión que toca temas indígenas, que tiene USD 20 000.

Pero las reacciones a las intenciones de Ecuador y Venezuela no se han hecho esperar.

La Alianza Regional por la Libre Expresión e Información ya planteó preservar facultades de la Comisión “con énfasis” en su Relatoría de Libertad de Expresión.

La ONG Human Rights Watch (HRW) consideró ayer que la CIDH “corre serio peligro” si la OEA aprueba un informe elaborado por su secretario general, el chileno José Miguel Insulza.

“Si la OEA aprueba el informe elaborado por el Secretario se reduciría la independencia de la Comisión al otorgarle a la Asamblea General poderes para redefinir lo que la CIDH y sus relatorías pueden o no hacer”. Así lo advirtió José Miguel Vivanco, director de la División de las Américas.

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