Redacción Cultura

Esta semana trascendió que el presidente  Rafael Correa vetó la Ley del Sistema Nacional de Bibliotecas y Centros de Documentación. El proyecto aprobado por el Congreso alarmó a los bibliotecarios del país.

La Ley buscaba, en principio, sistematizar los acervos bibliográficos del país con un Consejo Consultivo que  nombraría al Director Nacional de Bibliotecas. La producción de un indíce bibliográfico y la estandarización informática eran otros objetivos.

Sin embargo, según el veto presidencial,  el proyecto presenta contradicciones jurídicas. La diputada Dolores Padilla, presidenta de la Comisión de Educación,  Cultura y Deportes del Congreso, admite que el proyecto no fue suficientemente estudiado.

Lo que se envió al Presidente fue, por alguna extraña razón, un antiguo primer borrador. Enrique Abad, director de la biblioteca de la Universidad Andina, narra que, a mediados del 2005, bibliotecarios de Azuay  prepararon el proyecto y lo llevaron al Congreso con la entonces diputada Guadalupe Larriva. Se presentó al Pleno para primer debate en 2006.

Pasó ese debate sin mayores observaciones pero, ya para el segundo, Larriva asistió a un encuentro nacional de bibliotecarios. Allí se formó una comisión con 10 representantes de bibliotecas públicas y privadas. Entre otros estaban bibliotecarios de la Universidad Central, Católica, Andina, de la Biblioteca Aurelio Espinosa Pólit, de la del  Banco Central.

La comisión examinó el borrador y lo modificó para el segundo debate. Entonces llegaron los problemas en el Congreso (destituciones, restituciones) y, “por una extraña razón”, como dice Abad, se aprobó el borrador desnudo.

El último párrafo del veto  anuncia un foro nacional para discutir la elaboración de esta ley. Abad ya ha conversado con María Isabel Saad, directora del  Sistema Nacional de Bibliotecas,   para hallar las vías de esa convocatoria.

Más detalles

Ayer, el Sistema Nacional de Bibliotecas cumplió 20 años. Nunca ha logrado consolidarse, por carencias técnicas y de presupuesto.

El veto total de Correase apoya en las contradicciones del cuerpo legal con otros existentes y en la mala propuesta organizacional.