Redacción Sociedad

Racionalizar la institucionalidad pública en Galápagos será una de las primeras acciones que adopte el Gobierno, luego de que la Unesco incluyera al archipiélago en la lista de Patrimonios en peligro.

Esta medida está encaminada a reordenar la administración de las islas, puesto que actualmente una serie de instituciones como el Ingala, Parque Nacional, Prefectura, alcaldías, fundaciones… ejercen control, pero no existe coordinación entre ellas.

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Así lo anunció ayer Marlo Brito, subsecretario de Patrimonio Natural del Ministerio de Coordinación de Patrimonio Cultural y Natural. Él junto con otros ministros y funcionarios de la Senplades, entre ellas la titular de Turismo, María Isabel Salvador, se reunieron en Quito para definir acciones en torno a la problemática de las islas Galápagos.

El segundo punto es implementar, en los próximos tres años, una reforma educativa integral en todo el archipiélago.

El tercero es aplicar un plan de control de especies introducidas; y el cuarto, reorientar el modelo de turismo masivo. En ese sentido, Brito anunció que el Tribunal Constitucional (TC) suspendió la autorización de ingreso a las islas del barco de turismo Discovery, por rebasar los límites permitidos de turistas.

La quinta medida que se adoptó ayer es implementar el control poblacional y el retorno de personas ilegales al continente.

“Esta decisión no se va a producir de manera inmediata por factores económicos, pero se la va a hacer”, explicó Brito.

Además, dentro del plan de acción para salir de la lista de Patrimonio en peligro, se contempla depurar el registro pesquero, así como rediseñar y racionalizar el presupuesto público para las Galápagos. Para ello, el viernes 13 de julio habrá un taller participativo en las islas.

El funcionario señaló que después de la declaratoria de Patrimonio en peligro, la Unesco no fijó un plazo para que el país tome acciones, “pero como Gobierno hemos dispuesto estas medidas urgentes con el fin de salir de la lista de  riesgo”.