Redacción Riobamba

La explotación laboral y la mendicidad en los niños y adolescentes indígenas y campesinos de Chimborazo, Cotopaxi, Tungurahua, Bolívar e Imbabura es un secreto a voces.

Según las autoridades, se calcula que cada año, unos 5 000 niños salen y retornan a sus comunidades tras ser alquilados por sus padres a mafias organizadas.

Los menores son oriundos de San Luis, Palmora, Mira, Santiago de Quito, Licto, Pungalá y Flores, en Chimborazo; Pasa, San Fernando y Quisapincha, en Tungurahua; Cochabamba, Ignacio Flores, Toacazo y La Matriz, en Cotopaxi y San Rafael de la Laguna y González Suárez, en Imbabura.

Para reducir el número de chicos víctimas de  este problema, el Instituto Nacional de la Niñez y la Familia presentó ayer  en  Riobamba un nuevo proyecto. Se denomina Erradicación de la trata de niños, niñas y adolescentes con fines de explotación laboral y mendicidad en el corredor andino.

El plan tiene dos aspectos fundamentales. El primero busca prevenir la trata de personas desde el campo a la ciudad para la mendicidad. La red está liderada por mafias organizadas.

Y la segunda, a través de una campaña comunicacional, busca  concienciar a los habitantes de la ciudad para que no apoyen la mendicidad. En especial porque esta no sirve a quienes piden caridad sino a los traficantes, dedicados a “alquilar pobres”, en varias comunidades serranas.

Las mafias   explotan a los menores de edad y los convierten en  mendigos en  Quito, Guayaquil, Cuenca. También los llevan  a Colombia, Bolivia y Venezuela. Pese al conocimiento de los padres, los maestros y los dirigentes de las comunidades, los casos no son denunciados a la justicia.

Según  el Instituto Nacional de la  Niñez  y la Familia (Innfa), este negocio está montado y estimulado por pandillas locales e internacionales dedicadas al tráfico.

Las redes  los exponen a trabajos peligrosos y hasta a la explotación sexual, especialmente en el caso de las niñas de 12 a 15 años.

Manuel Martínez, director nacional del Innfa, aseguró que no hay que apuntalar a que la gente no entregue apoyo a los niños.

“El verdadero trabajo es que los municipios, ONG, empresas, etc. impulsen proyectos educativos, productivos y de salud. El propósito es que los infantes no salgan de las comunidades”.

El plan atenderá en principio a 5 000 menores de las cinco provincias con una inversión de USD 185 a cada uno.

Al año se invertirán USD 950 000 provenientes del Innfa, el Ministerio de Inclusión Económica y Social y los cabildos de Otavalo y Quito.