Redacciones Nueva Loja y Judicial

La liberación de 13 detenidos en el caso Dayuma aporta más evidencias para evaluar  los excesos denunciados en las operaciones militares y policiales  durante el estado de emergencia y movilización en Orellana, en diciembre.

Desde que fueron capturados, la mayoría de implicados presentó  pruebas de descargo y alegatos que constan en los 14 cuerpos legales y las 1 454 fojas útiles del proceso, que dejan sin piso algunos  partes  de la Fuerza Pública.  

De acuerdo a las providencias de   la Corte Superior de Nueva Loja, hasta ahora recobraron la libertad 13 de los 23 detenidos imputados por supuestas acciones de terrorismo organizado.

Este jueves, en las afueras de la Corte, su presidente, Germán Yánez, entregó las boletas de libertad para Juan Varela, Antonio Abad, Jorge Plazarte, Juan Mina, Leonel Moya y Ángel Granizo.

Según el parte militar del coronel Carlos Obando, jefe de la Brigada de Selva 19 Napo, el 30 de noviembre pasado, ellos enfrentaron a la Fuerza Pública, atentaron en contra de bienes y servicios, lanzaron tacos de dinamita, ejecutaron disparos con armas  que hirieron a un militar y un policía.

Empero, en el juicio, los imputados desvirtuaron las acusaciones. Por ejemplo, Héctor Veloz y Luis Sánchez presentaron contratos de trabajo, órdenes de trabajo, certificados de honorabilidad y versiones de  terceros en la Fiscalía.

En la foja 912 consta la versión de Guillermo Balda, supervisor de la compañía Noroccidental, contratista de Petroproducción. Él sostuvo que los detenidos son trabajadores activos de la empresa.Testificó que nunca participaron en la protesta y que fueron sacados a la fuerza por  los militares, quienes luego los reportaron como culpables de terrorismo.

Una versión similar rindió Ángel Poveda, uno de los testigos claves de las acciones militares en Dayuma. En la versión, él narró cómo los militares detuvieron a Jorge Plazarte. “Los militares iban de casa en casa, obligando a abrir las puertas y ventanas. Buscaban a los hombres. Cuando la gente se negaba a abrir las puertas daban golpes con el fusil”. De acuerdo a su versión, ello sucedió cuando llegaron a la vivienda de Jorge Plazarte y lo sacaron violentamente. 

A las versiones de testigos  se sumaron decenas de certificados de  las firmas  tercerizadoras de Petroproducción, que defendieron  a sus obreros detenidos.

Ese fue el caso de Fopeca, Sluzby Adminitracia SA, Indigi, Asociación de Soldadores de Alta Presión y Dygoil, que dieron fe de la buena conducta de sus trabajadores. Los certificados fueron claves para liberar a los detenidos y acelerar el proceso del resto   que todavía guarda prisión. Las pruebas incidieron  en la liberación de José Moya, Stalin Ortiz, Luis Holguín y Wilson Mantilla.

En las providencias de la Corte y en los pedidos de libertad de  la Fiscalía se argumentó que “las pruebas variaron los fundamentos que motivaron la Instrucción Fiscal 005-2007”. Cuatro de los presos  se encuentran con informe positivo de las pruebas de parafina de Criminalística de la Policía.

En este grupo están Aníbal Galarza, Luis Mangacha, David Montero y Juan Moreira. El abogado de la oficina de DD.HH. del Coca, Luis Intriago, dice que las pruebas no son confiables, pues se tomaron luego de las 12 horas que contempla la ley. “Son  ilegales”.

Uno de los acusados con la prueba positiva es el panadero del pueblo y  un trabajador petrolero. Comentó que la mayoría de detenidos está presa por versiones y suposiciones. “No hay pruebas. Todos deberían estar libres”.

Entretanto, los liberados ratificaron sus denuncias de excesos y maltratos militares. Arturo Moya, liberado luego de 27 días, contó que fue sacado de su casa a  golpes e insultos. “Me acusaron de guerrillero y terrorista. No estoy de acuerdo con el Presidente,  que también habló mal de nosotros sin conocernos. 15 años trabajo de soldador; la gente me conoce”.

El jueves, Moya  recibió del Presidente de la Corte la orden de libertad para su hijo Leonel, detenido en Tena. No tuvo la misma suerte Danilo Granizo, que no pudo conseguir  la libertad de su hermano Medardo. “Es un vulcanizador del pueblo. Cuando se lo llevaron a golpes estaba trabajado”.

La Cuarta División del Ejército pidió a la Fiscalía que señale una nueva fecha para que concurran a rendir su versión los militares que actuaron en  Dayuma. Estaban citados ese día pero no acudieron porque “están de vacaciones”. El Comando entregó una lista de 79 uniformados que participaron.
 
La prefecta  contra  el  juez Yánez 

La defensa de la prefecta de Orellana, Guadalupe Llori, apunta al contraataque. En la Fiscalía General de la Nación presentó una acusación en contra del presidente de la Corte Superior de Nueva Loja, Germán Yánez.

Según Pablo Guerrero, abogado de la funcionaria, el judicial cometió prevaricato, al no dar paso a la libertad que dispuso la Sala de Conjueces de  esa dependencia.   El 26 de diciembre pasado, los conjueces ordenaron la  excarcelación de Llori y de   Wilmer Arsenio Armas Ramírez.

Sin embargo, la Prefecta sigue detenida en la Cárcel de Mujeres de El Inca, en el norte de Quito. La decisión la tomó Yánez, luego de un pedido de nulidad presentado por la Fiscalía de Sucumbíos.

Para Guerrero, en esa resolución el judicial también cometió un error, porque declaró nula otra providencia y no el fallo que ordenaba la liberación de Llori.

Por esos motivos, el abogado de la Prefecta pidió al Fiscal que inicie la indagación y pida el arresto de Yánez. El fiscal Washington Pesántez  aún no se ha pronunciado.