El 1 de marzo del 2008 es una fecha que marca un antes y un después en las relaciones bilaterales ecuatoriano-colombianas. La grave, violenta y premeditada operación militar colombiana en territorio nacional, bajo la explicación de que el vecino país actuó en ‘legítima defensa’, derivó en una crisis que tiene a los dos países al borde de la ruptura de relaciones diplomáticas. La muerte de 21 personas, incluido ‘Raúl Reyes’, el segundo dirigente de las FARC, ocurrida en la zona de Angostura, es el resultado de una estrategia del Presidente de Colombia y a la que Ecuador se opuso a participar sistemáticamente. Se suma el hecho de que el presidente Correa expulsó al Embajador colombiano en Quito y retiró, de forma indefinida, al Embajador ecuatoriano en Bogotá. El gobierno de Uribe se disculpó primero y horas más tarde reaccionó divulgando parte de los documentos incautados en el campamento guerrillero, que compromete, según las autoridades colombianas, la conducta política de Gustavo Larrea, ex ministro de Gobierno y actual Ministo de Seguridad Interna y Externa. Si es así,  será lamentable para Ecuador este hecho que pudiera afectar su credibilidad internacional. Por eso, los ecuatorianos esperamos que el presidente Correa, el Ministro de Defensa e Inteligencia Militar aclaren los hechos.

La relación Ecuador-Colombia, desde que rige el plan militar que lleva el nombre del país vecino, ha transitado por encrespados senderos. Colombia vive un feroz conflicto interno;  Ecuador sufre sus consecuencias y hoy es agredido por acciones de un suceso que lesiona de modo inaceptable su soberanía. En este contexto, las actitudes importan. Primero, el Gobierno de Colombia le debe al país una explicación precisa de los hechos ocurridos, más allá de las excusas. Y el de Ecuador debe también ser claro, más allá de ser exigente en su política exterior. No se puede actuar con verdades a medias, pues Colombia libra una guerra interna y en ese escenario pareciera que el fin justifica los medios. Ecuador, por el contrario, no está en guerra y eso debe entenderse. La asistencia del presidente Uribe a la inauguración de Asamblea; la suspensión de la fumigaciones y las llamadas al presidente Correa luego de los incidentes, tienen valor. De la parte ecuatoriana, la decisión de no participar en ninguna alianza militar regional; el respeto a las diferencias entre Colombia y Venezuela y la eliminación del requisito de antecedentes para los colombianos, son plausibles.

Lamentablemente,  se interpuso una oscura y violenta operación del Ejército colombiano en nuestro territorio. Exitosa para sus objetivos, pero lesiva e inaceptable para Ecuador, porque el territorio nacional no es zona franca.