Redacción Cultura

El Ecuador se prepara para vivir algunos cambios constitucionales a partir de la nueva Carta Magna que se prepara en Montecristi. Por esta razón, algunas organizaciones interesadas en la cultura están presentado propuestas para que sean debatidas e introducidas a la nueva Constitución.

Una de esas propuestas vino del área de Historia de la Universidad Andina,  la Asociación de Bibliotecarios de Pichincha, la ONG Archiveros sin Fronteras-Ecuador, entre  otras. Se refiere al patrimonio cultural y a las bibliotecas, en cuanto depositarias del mismo.

Según Enrique Abad, presidente de los Bibliotecarios de Pichincha, el  patrimonio cultural es una responsabilidad de todos: “Si hay la oportunidad de debatir y llegar a consensos con otras propuestas, como la presentada por la asambleísta Tania Hermida y el viceministro de Cultura, Ramiro Noriega, enhorabuena”, afirma.

En la propuesta presentada se plantea que el patrimonio cultural de un país es inalienable, y por ende debe ser cuidado a través de políticas claras, propuestas por el Estado. Además, se señala en el texto que la cultura abarca todas las expresiones vivas y enfatiza en la protección de los materiales bibliográficos, museográficos, audiovisuales, arquitectónicos, lingüísticos y en el respeto y conservación de los saberes populares.

Con respecto a las funciones sociales que el patrimonio debe cumplir, la propuesta sugiere  que a este se lo debe considerar como una fuente primordial para la investigación y creación. Es un recurso social, y todas las personas deben tener acceso a él.

Las organizaciones que suscriben la propuesta ven necesario   construir un archivo, un museo y una biblioteca nacionales, que estén regidos por un consejo asesor conformado por representantes de varias instituciones culturales.

Sobre la creación de una Biblioteca Nacional,  una de las conclusiones iniciales obtenidas del  Seminario Internacional de Bibliotecas, realizado en Quito en  febrero, es la urgencia que hay de mejorar la biblioteca Eugenio Espejo de la CCE. En este encuentro se propuso la creación de bibliotecas multiculturales. Estos centros son depositarios de la memoria del país, cuyo conocimiento deben fomentar. En esa memoria deben constar los saberes populares. 

Para Abad, la nueva biblioteca nacional deberá reunir todo el patrimonio bibliográfico del país,  contar con un espacio virtual y secciones dedicadas a niños y a jóvenes, y debe dar a conocer los materiales bibliográficos que tiene a través de exposiciones.

Según Guillermo Bustos, director del área de Historia de la U. Andina, la propuesta sobre patrimonio cultural se divide en tres puntos claves:  definición básica de lo que es el patrimonio cultural, establecimiento de las responsabilidades del Estado y la determinación de  las funciones sociales que cumple el patrimonio.

Abad considera que el Estado  es el responsable del cuidado real del patrimonio cultural, pero anota: “Al hablar del Estado, no solo nos referimos a los organismos centrales, si no también a los organismos descentralizados, así, es obligación de Consejos Provinciales y Municipios la creación y el sostenimiento de  archivos, museos y bibliotecas”.

“Es momento de que el Estado proteja el patrimonio cultural del país. No solamente se ha perdido,  por poner un ejemplo, la custodia de Riobamba, sino también que se extravía la memoria colectiva al no tener una institución que proteja el patrimonio ecuatoriano”, asegura Bustos.

Otra de las propuestas que se  recogió del seminario trata sobre la creación de una red de bibliotecas a nivel de la región, y por supuesto la urgente creación de bibliotecas multiculturales, cuenta Mercedes Falconí, miembro de la Federación Internacional de las Asociaciones y de las Instituciones de la Biblioteca (IFLA).

Después de revisar la propuesta sobre, el historiador Juan Fernando Regalado opina que  los patrimonios de un país  no solo se remiten a un registro del legado de los pueblos, sino que también guardan un poder orientador sobre el futuro colectivo y sobre el tipo de sociedad que se desea tener. Desde ese punto de vista, acota, es importante valorar el esfuerzo colectivo invertido en dicha propuesta.

“Los objetivos en la profundización de una sociedad democrática tienen garantía si,  junto a los demás aspectos operativos, se promueven acciones en la cultura”, asegura Regalado. Por su parte, Falconí cree que la propuesta es un tanto lírica, porque no establece cómo se van a ejecutar los manifiestos. Pero de ninguna manera   está en desacuerdo con el documento:  incluso cree que las conclusiones redactadas en el seminario que ella coordinó pueden servir para  el debate.

Bibliotecas públicas afuera

Las bibliotecas públicas en varias ciudades del mundo son  parte de una política cultural vasta y profunda  de décadas. Dos ejemplos dignos de mención se han establecido en Bogotá y Barcelona.

En la capital colombiana, la red de Bibliotecas Biblored  es un programa manejado por la Alcaldía de la ciudad y la Secretaría de Educación del Distrito. Mantiene, en comparación con otras, el modesto número de 20  bibliotecas  en toda la ciudad:  cuatro grandes, seis locales y 10 de barrio. 

Estos recintos reciben un promedio de 4 800 000 usuarios al año. Disponen de un catálogo electrónico para consultas en cuyos resultados se pueden ver la dirección de los  centros de la red que tienen disponible el libro, y las rutas de bus que comunican con él.

El sistema de bibliotecas de Barcelona maneja en total 29 bibliotecas grandes (hay cerca de tres millones de habitantes). Entre todas manejan un corpus documental que asciende a 1 281 910 ítems. En el 2007 manejaron un total de 4 896 978 visitas. Y registraron un total de préstamos de libros (el usuario se lleva el libro a su casa) de 3 816 777.