Nuevamente se equivoca el presidente Correa.  Ecuador no es Colombia. Que ciertos medios del lado colombiano no hayan mantenido la objetividad e imparcialidad tras la crisis desatada por la violación de nuestro territorio nacional, no implica que lo mismo tenga que reproducirse aquí. Al contrario, resulta inaceptable que ante una opinión pública que exige precisiones se quiera atacar y calificar a la prensa como “un puñado de apátridas hipócritas”. Esto no es atentar contra la patria sino cumplir con la función que tiene todo periodismo serio de investigar e  informar sin renuncias ni sumisiones.

Nada más desacertada ha sido también la posición del flamante secretario Anticorrupción, Alfredo Vera, y del Ministro de la Seguridad Interna y Externa, Gustavo Larrea. En lugar de preocuparse por deslindar las serias acusaciones y murmuraciones que se han hecho a través de la prensa internacional –como el posible vínculo del Gobierno ecuatoriano con las FARC o, como ha mencionado el New York Times, de los presuntos aportes de esta organización guerrillera a la campaña del presidente del Ecuador, Rafael Correa- han tomado el camino de perseguir y amedrentar a la prensa. Ahora resulta que Larrea y Vera investigan a los periodistas que difundieron las primeras informaciones en donde se confirmaba de los posibles vínculos del ecuatoriano Franklin Aisalla con las FARC.

Hay muchas preguntas que están todavía por responderse: ¿por qué razón se reunió Larrea con el segundo de las FARC, Raúl Reyes? ¿Cuántas veces lo hizo? ¿Si tanto el ministro de la Seguridad, Gustavo Larrea, como el ministro de  Defensa, Wellington Sandoval, conocían a través de los informes de inteligencia de los movimientos de Reyes en territorio ecuatoriano, por qué no se hizo nada para capturarlo? ¿Si se sabía desde el año 2005 que Aisalla estaba relacionado con las FARC, ¿por qué el Gobierno no informó a la opinión pública de ello a su debido tiempo? ¿Por qué defiende Correa con tanta vehemencia a alguien que ha tenido vínculos con la guerrilla? ¿Por qué no se ha hecho nada para investigar a la asambleísta de Alianza País y deslindar posibles lazos con la “embajadora” de las FARC, Nubia Calderón?

Esto, en condiciones normales, hubiese sido motivo para que Larrea y Sandoval sean llamados al Congreso Nacional para que respondan por su inacción, ocultamiento de información y, de comprobarse serias faltas en su desempeño, sean destituidos. Pero lo más grave de todo es que actualmente en el Ecuador no está en vigencia el Estado de derecho ni tampoco existe una instancia de fiscalización y de control como el Congreso que pueda pedir cuentas al Ejecutivo.

No quiero desmerecer la actitud digna que ha tenido el Gobierno en defender la soberanía del país. Sin embargo, esto no puede ser motivo para que se pretenda limitar la misión de los medios de comunicar y se quiera imponer cortapisas a partir de posturas autoritarias e intolerantes. Ser críticos no es atentar contra la patria sino exigir del Gobierno un desempeño  diáfano y transparente.