Reds. Judicial y Guayaquil

El pago de impuestos no es precisamente  una virtud de 18 donantes que aportaron a la campaña del binomio Rafael Correa-Lenin Moreno, en la segunda vuelta.

El reexamen de la Unidad de Gasto del Tribunal Supremo Electoral muestra que, de 32 donantes que aportaron USD 682 141 a la campaña de Alianza País, 18 no  declararon su impuesto a la renta causado ni pagado, del 2003 al 2006. Por eso,  el TSE no puede establecer de dónde obtuvieron el dinero para sus aportaciones políticas que suman USD 412 078.

Estos datos los confirmó la Unidad de Gasto, a través del Servicio de Rentas Internas (SRI), con el oficio 9170120070AAG00652, enviado el 29 de mayo del 2007.

El TSE -se lee en el informe- consideró que esos recursos eran sospechosos ya que, a la hora de rendir cuentas, Camilo Samán, el entonces tesorero de campaña, nunca adjuntó los documentos legales necesarios para identificar su origen.

Ayer, este Diario publicó los primeros resultados del reexamen de la segunda vuelta. Han pasado 197 días y, pese a sus graves conclusiones, el TSE no se  pronunció sobre su propio documento interno, fechado y entregado el 25 de septiembre del 2007.

Entre las conclusiones se anota que en la campaña electoral de Rafael  Correa hubo donaciones no reportadas (USD 487 848 depositados en el Banco de Machala), exceso de gasto electoral y ocultamiento del origen de aportes, que se manejaron en efectivo, pese a las prohibiciones legales.

Precisamente, el artículo 15 de la Ley de Control del Gasto señala que durante el manejo de la campaña “(...) todo egreso mayor de USD 500 deberá efectuarse mediante el uso de cheque y contar con un comprobante (...)”. El cumplimiento de esta norma es vital: solo así el TSE puede conocer con exactitud el origen de los fondos donados a la campaña electoral.  

Para aclarar las irregularidades en los gastos, detectadas en el reexamen de la segunda vuelta,  el tesorero del Movimiento Patria Altiva y Soberana, Partido Socialista Frente Amplio, Camilo Samán, comparecerá hoy al TSE. Así lo confirmó ayer el presidente del órgano electoral, Jorge Acosta.

Samán fue citado en cinco oportunidades -desde el 2 de mayo pasado- para que cumpla con el procedimiento, pero nunca acudió.
Este Diario investigó a varios  aportantes que -según el SRI- no han pagado sus impuestos. Algunos de ellos, inclusive, tienen suspensión definitiva del  RUC.

¿Quiénes son? En Guayaquil y en la provincia del Guayas buena parte pertenecen a grupos de profesionales y pequeños y medianos empresarios. Al ser consultados,  confirmaron sus aportes, pero fueron esquivos y no  explicaron el origen de esos recursos.

Algunos de ellos, actualmente ocupan cargos relevantes en instituciones del Estado como Corpecuador, la SecretaríaNacional Anticorrupción, Categ y los ministerios del Deporte y de Desarrollo Urbano y Vivienda (Miduvi). 

Ese es el caso de Roberto Hidrovo Hidrovo, quien, según los registros del TSE, aportó USD 50 000. En las bases de datos del SRI y de la Superintendencia de Compañías consta como empresario dedicado a actividades hoteleras, de productos farmacéuticos y de bienes raíces. Hidrovo aparece como administrador de las compañías Robidsa Roberto Hidrovo S.A., Mandato Idrovo S.A. Mantoisa, Roberta Idrovo Egas S.A., Robidesa, Rafaela Idrovo Egas Rafidesa y Quitolindo Quito Lindo.  Esta última tiene relación con el Hotel Quito, de la capital.  Este aportante se limitó a comentar que su apoyo a la campaña electoral de Rafael Correa fue “sin interés”, porque  creía en su proyecto, a quien reconoce como  su amigo personal por más de 30 años. “Ellos -agregó- no contaban con mayores recursos”.

Pero ese  aporte no fue tan desinteresado como dice. Actualmente Hidrovo es vicepresidente del Directorio de Corpecuador, como delegado del Presidente de la República. Además, consta  en el Directorio de Alianza País.

Hugo Pashma Guadalupe también aportó  USD 50 000. Él tiene una fábrica de productos cerámicos. Mientras en el SRI su  empresa aparece en la lista de las activas,   en la Superintendencia de Compañías consta como firma  en proceso de disolución. Pashma   es asesor empresarial, pero tiene suspendido definitivamente su RUC para ejercer esa actividad. No se precisa el motivo.

Pashma admitió su aporte a  la campaña, pero se negó a explicar de dónde salió el dinero. “Eso tienen que hablar directamente con el tesorero de Campaña”. En el Régimen ocupa un cargo importante: es director regional de la Secretaría Nacional Anticorrupción en la oficina de  Guayaquil.

Juan Morán Peña también donó USD 50 000 a la campaña. Sus actividades económicas están ligadas a la ingeniería eléctrica y a la administración de la empresa Alconsa Alarmas y Controles S.A., donde es presidente. Esa firma da servicios de seguridad física armada y electrónica. Según Contratanet, esa compañía está inscrita en 27 instituciones del Estado para ser calificada como proveedora de servicios. Entre ellas, la Corporación para la Administración Temporal de las Empresas Eléctricas de Guayaquil (Categ).

Morán, al igual que los donantes Raúl y Luis Ayala Coto, es activista del movimiento AP en  Tarqui.

Raúl Ayala es un  profesional independiente y administrador de la compañía  Ecuatarja S.A., que ofrece  servicios aduaneros. “Mi aporte fue de USD 50 000 -dijo-, no voy a hacer ningún tipo de declaración”. Él es director del área social del Fondo de Electrificación Rural y Urbano Marginal (Ferum) en la Categ.

Su hermano Luis Ayala  desembolsó USD 25 000. Incursionó en el transporte  y  bienes raíces con la empresa Alatri S.A., según el SRI y Compañías. Es coordinador zonal del Ministerio del Deporte. Este Diario intentó contactarlo, pero no  obtuvo resultados.

Según el SRI, tampoco pagó impuestos por cuatro años Víctor Barahona Salazar, quien donó   USD 1 334. Es economista  y trabaja de consultor. “Aporté con el producto de mis ingresos”, señaló Barahona, quien ha sido  tesorero nacional del Movimiento País y tesorero de la campaña para asambleístas.

Aseguró que ha cumplido con el pago del impuesto a la renta: “Detrás de esa infamia está Terencio Arteaga Pincay,  el actual director de la Unidad de Gasto”.

Entre otros aportantes están: Jeannette Vásconez Pareja, administradora de 14 empresas, entre ellas Jabonería Wilson S.A. No  se conoce el origen de los USD  5 000 que donó, pues ella está en el exterior.  Luis Game Florencia, quien dio USD 50 000,  no pudo ser localizado. Ninguno de los dos es militante de País.

Quien sí se reconoce como gobiernista es  Nelson Mora Ushca. Aunque  donó USD 25 000, no pagó impuestos entre el 2003 y el 2006. Él tiene un local de venta denominado Productos Manabitas. Y consta como administrador de las firmas Comercial Flora C. Ltda. y Villelta S.A.

El informe del reexamen señala el caso singular de Luis Antonio Párraga Zambrano, que dio USD 13 584. En su caso, la Unidad de Gasto Electoral del TSE no ha podido determinar si su aportación es lícita. El Consejo Nacional de Sustancias Estupefacientes y Psicotrópicas (Consep) informó que en sus bases de datos tiene un homónimo con los dos nombres y un apellido (Luis Antonio Párraga).