Redacs. Nueva Loja y Judicial

El Ministerio Público abrió ayer  instrucción fiscal   contra  la mexicana Lucía Morett y las  guerrilleras colombianas Martha Pérez Gutiérrez y Doris Torres Bohórquez, sobrevivientes del ataque colombiano en Angostura,  Ecuador.

El  agente fiscal de Sucumbíos, Wirmar Gonzabay, inició la causa en el marco de la audiencia pública de formulación de cargos, convocada ayer por el Juzgado Tercero de lo Penal de esa jurisdicción.

A la diligencia fueron citadas las tres mujeres. No obstante, tanto esa audiencia como la apertura de la instrucción se definieron luego de que las extranjeras abandonaron el país, tras recibir asilo  del Gobierno de Nicaragua.

Pero en el Juzgado de Sucumbíos  el trámite se siguió la mañana de ayer en ausencia de las sobrevivientes y tuvo un desenlace inusitado. Gonzabay, con tono enérgico,  imputó (procesó penalmente) a Morett, Pérez y Torres.

Primero relató los hechos que se registraron el 1 de marzo en Angostura, tras el ataque que causó las muertes de 26 personas, entre ellas el número 2 de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC),   Raúl Reyes, y  el ecuatoriano Franklin Aisalla.

Tras repasar los documentos contenidos en el expediente, Gonzabay señaló que “de las investigaciones existen suficientes argumentos para imputar a las tres mujeres por delitos en contra de la seguridad interior del Estado y en particular por lo que dice el artículo 147 del Código Penal”.

Ese artículo sanciona con reclusión de cuatro a ocho años  al que “promoviere, dirigiere o participare en organizaciones de guerrillas, grupos de combate o grupos o células terroristas (...)”. La pena será de 12 años, si estas actividades se ejecutan con armas u obedeciendo instrucciones foráneas.

Gonzabay pidió al  juez Pedro Bolaños que ordene la prisión preventiva de Morett, Pérez y Torres, y solicitó el arraigo.
“Las tres mujeres se encontraban en el campamento de las FARC, por lo que se presume que son parte de dicho grupo guerrillero”, aseveró Gonzabay.

La indagación previa se inició el 2 de marzo, al día siguiente del ataque en Angostura. Las tres sobrevivientes heridas de esquirlas fueron llevadas al Hospital Militar de Quito para que reciban atención médica. Morett fue dada de alta y recibió asilo político del Gobierno de Nicaragua. El 16 de abril se desplazó a Managua en un vuelo comercial de Copa.

 Pérez y Torres, quienes también recibieron protección de ese país, fueron dadas de alta la tarde del sábado último. El domingo abordaron el avión Antonov An-26, número 160, perteneciente a la Fuerza Aérea Nicaragüense, y, según el registro de la Dirección de Aviación Civil, salieron del aeropuerto de Quito a las 18:19.

El fiscal Gonzabay justificó el retraso de 73 días en la solicitud de la prisión, desde la apertura de la indagación. Ayer dijo que pericias y diligencias tuvieron que delegarse al agente fiscal de Pichincha Henry Estrada y al   fiscal general de la Nación, Washington Pesántez.

Este último tomó las declaraciones de las tres el 11 de abril.

Gonzabay asegura que el martes pasado llegaron a la Fiscalía de Sucumbíos  14 cuerpos legales de la Fiscalía General y que otros ocho, manejados por  Estrada,  llegaron el  fin de semana.

En la audiencia, luego de la intervención del Fiscal y su salida del juzgado, el abogado de oficio, Francisco Revelo, impugnó la Instrucción Fiscal y sostuvo que las tres imputadas cumplieron jornadas de turismo en Quito y Angostura. “Impugno la instrucción por cuanto venimos a Ecuador por turismo”, señaló Revelo.

Esa declaración fue el argumento que Morett dio en Quito a las autoridades, antes de que en México se abra una indagación contra ella. Sin embargo, Pérez y Torres admitieron ser milicianas. 

El Juez Tercero de lo Penal de Sucumbíos aplicó las medidas cautelares  solicitadas por el Fiscal y emitió las  boletas de encarcelamiento y de arraigo. “Al Fiscal le toca seguir actuando y pidiendo lo que estime necesario”, dijo.

“Es un proceso largo. Si hay auto de llamamiento a juicio se podría pedir la extradición de las tres mujeres”, comentó Gonzabay.

Punto de vista

Ramiro Román. Abogado penalista

60 días  es bastante tiempo. Si en ese lapso no se investigó a las colombianas y a la mexicana, pese a que se sabía que estaban en el Hospital Militar,  es problema de la Fiscalía.

Desde que fueron rescatadas se debió investigar y establecer medidas cautelares.

Ahora la investigación debe seguir. Pero no veo viable una extradición, porque  las tres mujeres no son ecuatorianas.

Además, ahora ellas tienen un protección especial que les concedió Nicaragua, lo cual primará en este caso.