Redacción Política

Con el proyecto de  Constitución que se redacta en Montecristi, la administración de justicia experimentará varios cambios.

Las modificaciones van desde el nombre: la Corte Suprema de Justicia (CSJ)  se llamará, si el proyecto es aprobado en el referéndum,  Corte Nacional de Justicia (CNJ).

Otro cambio es la disminución de las salas especializadas. Las actuales 10 salas se disminuirán a cinco: penal, civil y mercantil, laboral y social, Contencioso administrativa,  Fiscal y se aumentará una para que conozca los casos relacionados con la niñez y la adolescencia.  Así  se disminuirá de 31 a 19 magistrados: tres por cada sala y el Presidente.
 
El criterio para la disminución del  número de salas y, por lo tanto, el número de magistrados es que en casación (la última instancia de apelación de las sentencias)  solo debe existir una sala por cada materia, no como ocurre en la actualidad, en la que hay tres salas en penal, tres en lo civil y mercantil y dos en lo laboral y social.

“Una corte de casación debe tener una sala especializada por materias. De lo contrario se producen fallos contradictorios entre salas y eso genera una dilatación en la administración de justicia”, opina el presidente de la Mesa 8, Fernando Vega, de Acuerdo País.

Con ese criterio coincide Rafael Esteves, ex Sociedad Patriótica, el cual considera que “con una sala especializada en cada materia hay mayor agilidad y se evita que existan fallos contradictorios, lo que genera inseguridad jurídica frente a la sociedad”. También coincide en que las salas, en más de una ocasión, “ fallan con distinto criterio en los mismos casos”.

Otro cambio en la Función Judicial tiene que ver con el período que durarán los magistrados. Según la iniciativa que se discute, durarán nueve años en que  se renovarán parcialmente cada tres, seis y nueve años.

Para ser magistrados, los candidatos deberán, entre otros requisitos, tener 10 años de especialización en la materia de la sala a la que pertenecerá. La designación será una responsabilidad de los vocales del Consejo Nacional de la Judicatura. Todavía no se ha decidido el mecanismo de renovación. Sin embargo, en el artículo 7 aprobado por la Mesa 8 se indica que se “contemplará concursos de oposición y merecimientos, impugnación, contraloría social, equidad y paridad de género”.

“La cooptación ha sido criticada y estamos buscando otro mecanismo. El principio de la cooptación tiene sus defectos porque hay el riesgo de que los magistrados sean parte de acuerdos políticos y con  ese mecanismo se reproduce ese círculo”, comenta Esteves.

Otro tema polémico, y que es cuestionado tanto al interior de la Asamblea y de la Función Judicial, es la creación de la Corte Constitucional, que se discute en la Mesa 3 de Estructura e Instituciones del Estado. La redacción del documento está a cargo de los asambleístas Patricio Pazmiño, Fernando Salazar y Betty Amores. Todavía no hay fecha para que presenten el documento.

Según esa iniciativa, que tiene el respaldo unánime del bloque oficialista, entre otras facultades que tendría esa institución  sería la de revisar si durante el desarrollo del juicio los jueces respetaron los derechos humanos y el debido proceso. Ese el criterio de su presidente, Gustavo Darquea, de Acuerdo País.  “Puede ser que un ciudadano sienta que no se respetaron sus derechos humanos y puede presentar un último recurso ante el Tribunal Constitucional”, opina. Este tema sigue en discusión (ver recuadro).