Marco Arauz

Alberto Acosta ha sido lo suficientemente diplomático para no ahondar en las causas de su renuncia a la Presidencia de la Asamblea Constituyente y ha ofrecido seguir apoyando el proyecto político de Alianza País. Pero no ha dejado de mencionar que no tiene el respaldo de su cúpula, lo cual equivale a decir que no cuenta con el apoyo del presidente Rafael Correa.

Esta ha sido la oportunidad para que aparezca en toda su dimensión el llamado   ‘buró político’ del oficialismo, una instancia cuya denominación recuerda modelos políticos de la época de la guerra fría, y  que en la práctica es el equipo que blinda a  Correa. Ahí se decide el ‘timing’ de las acciones gubernamentales, en función de los sondeos y de las necesidades coyunturales. Una de estas es el próximo referéndum.  

Pero el fondo del problema es que resulta absolutamente anómalo que el pedido para que Acosta se haga a un lado haya nacido en ese buró, es decir en el seno del Ejecutivo, lo cual ratifica la poca o ninguna independencia  de la Asamblea frente al Gobierno. Si bien la primera es un producto político del segundo, se supone que tiene vida y reglas propias y que cualquier diferendo debía saldarse en sus linderos.

El caso   tiene una complicación adicional para el Gobierno, pues al mantener una fecha tope está haciéndose cargo de la principal objeción de  Acosta en cuanto a la posible falta de calidad de los textos constitucionales. El nuevo presidente de la Asamblea, Fernando Cordero, asegura que lo uno no implica lo otro, pero se está dando un excelente argumento a quienes quieren promover el no en el referéndum.

En suma, en este capítulo el buró político y el presidente Correa han optado por el pragmatismo, mientras que Acosta se ha hecho cargo de unos argumentos que difícilmente podrán atribuirse a una simple ineficiencia administrativa.