Marco Arauz

Al presidente Rafael Correa no se lo puede acusar de no haber hecho público su criterio sobre lo que no es democracia, antes de la crisis en Ciudad Alfaro. En efecto, él ya había dicho que los debates interminables eran falsa democracia. Pero llama la atención su idea, expuesta el martes ante sus simpatizantes en Quito, de que no es democrático tomar en cuenta las agendas de los que perdieron las elecciones y a quienes considera enemigos.

Ese sería uno de los pecados capitales de Alberto Acosta, ex presidente de la Asamblea Constituyente, lo mismo que haber demorado la aprobación de las reformas. Pero más allá de ese debate, llama la atención la falta de gestión política, tanto de Correa como de Acosta, así  como de los  miembros del buró político, para no corregir a tiempo un problema que se convirtió en crisis.

Si hay un equipo político en Carondelet, con el Presidente a la cabeza, trabajando sobre la reforma y los tiempos políticos; si hay un coordinador permanente entre el Ejecutivo y la Asamblea; si hay reuniones periódicas entre Correa y los asambleístas oficialistas, es difícil entender cómo esas instancias no fueron suficientes para evitar un punto de quiebre que puede tener costos.

Ahora el Gobierno -incluidos su buró, sus coordinadores y sus asambleístas- afronta las consecuencias de ir rápido con las reformas, dado que hay que cumplir el mandato popular de redactar la reforma en ocho meses. Aunque para Correa se trata de un falso dilema entre la calidad y la velocidad.

Pero, en el fondo, la velocidad es lo de menos cuando al mismo tiempo se cree que en las reformas no se debe incluir a los ‘enemigos’.

Un ejercicio  cobijado en esa definición de democracia  conlleva, sin embargo, el peligro de una reforma constitucional inútil, pues al no partir de consensos mínimos será difícil de aplicar.