Redacción Política

Una decisión política del presidente Rafael Correa le permitirá hacer campaña para el referéndum del 28 de  septiembre sin sujetarse a las disposiciones de la Ley de Gasto Electoral.

A través de un oficio enviado el 18 de enero al titular del Tribunal Supremo Electoral (TSE), Jorge Acosta, el jefe de Estado encargó la representación legal del movimiento Patria Altiva y Soberana (País) al ex subsecretario de Gobierno y hoy asesor de Ricardo Patiño, Eduardo Paredes.

Mediante el documento, que fue tramitado por la dirección de Organizaciones Políticas del TSE, el Mandatario dejó la dirección nacional de esa tienda que ocupó desde su inscripción oficial el 13 de julio del 2006.

A través de la resolución PLE-TSE-10-29-1-2008, el TSE  acogió -el 29 de enero- el oficio de Correa y dispuso la inscripción de Paredes.

Durante el ejercicio de su cargo en la Subsecretaría de Gobierno, Paredes fue objeto de una acusación de acoso sexual de parte de una militante del Movimiento  País del Carchi.   

Jorge Acosta reiteró que el Gobierno puede hacer campaña por el sí en el referéndum del 28 de septiembre a través de su movimiento político representado por Paredes.

Hasta el mediodía de ayer, ninguna organización inscribió a su tesorero único en la Secretaría General del TSE para realizar la campaña. Para registrar al tesorero, el plazo vence el 12 de agosto y el 13 se convoca al referéndum de septiembre.

Para las 16:00 de hoy está prevista la grabación de la convocatoria en las instalaciones del máximo organismo del sufragio al norte de  Quito.

A la declaración de Acosta se suma una disposición de la Ley de Control de Gasto Electoral que le posibilita al proponente de una consulta popular (referéndum) impulsar sus contenidos.

De allí, que para un sector del TSE si el Gobierno Nacional fue el proponente del proyecto de nueva Constitución, es él el que está facultado para impulsar la campaña.

Eso ,sin embargo, entrará en análisis oficial una vez iniciada la campaña electoral el 13 de agosto, ya que según la misma Ley del Gasto Electoral, los funcionarios públicos no pueden hacer campaña proselitista.

Acosta recordó ayer que el TSE viene monitoreando el gasto electoral de todos los sujetos políticos, incluido el movimiento político del gobierno de Correa.

En la sesión de ayer se aprobaron las bases para las empresas interesadas en realizar el monitoreo del gasto electoral de las diferentes tiendas políticas.

Paralelamente, el Pleno del TSE abrió los sobres con las ofertas de las empresas que buscan adjudicarse el contrato para la campaña de incentivo al voto y difusión de los contenidos del proyecto de nueva Carta Magna.

Una de las condiciones es que se difundan los contenidos constitucionales sin ningún tipo de edición o resumen.

Entre las empresas que presentaron sus propuestas están Qualitat, Publicitaria Cariba, Serpin y Merpubli. La adjudicación de ese contrato está prevista entre hoy y mañana. 

De forma adicional, el Pleno del TSE nombró a   Ismael García Morales vocal del oficialista  Movimiento  País en Galápagos.