Marco Arauz Ortega. Subdirector de  Contenidos

Entre duros calificativos, el presidente Rafael Correa volvió a su tema recurrente de los sábados: los medios de comunicación.  Ya casi no merece la pena detenerse  a analizar la manera en que se refiere a ellos, pero  llamó la atención su afán de incidir en los contenidos, a propósito de su evaluación de lo que ha pasado con TC Televisión en manos de la AGD.    

Según Correa, tras la incautación  “eliminamos esa crónica roja y aumentó el rating”, porque  la gente no quiere esas ‘porquerías’. La declaración no es solo falsa, pues el ‘rating’ del canal ha experimentado una leve baja,  tanto en la programación general como en los noticieros. Es, sobre todo, la aceptación  de que el Gobierno está influyendo.

La acusación de que la intervención en los medios iba más allá de lo meramente económico nunca se ha disipado, dado que se produjo en un momento político clave en el que convenía, si no utilizar, al menos silenciar a medios que podían haber promovido tesis adversas al Gobierno.

Y si la injerencia política es inaceptable, lo es también en otros ámbitos de los contenidos. Por más bien intencionada y plausible que sea la idea de eliminar la crónica roja de un canal, una decisión de esa naturaleza no puede ser fruto de la participación -velada o no - de la mano gubernamental en un medio privado.

Es viejo el debate sobre los límites de los medios sobre su contenido, y  el material sensacionalista es uno de los más sensibles. Pero los contenidos deben ser evaluados bajo el parámetro del  ejercicio, incluso abusivo, de la libertad de expresión, antes que bajo el prisma de la imposición.

Al hacer la revelación, Correa se adelanta a sus deseos. ¿Cabe  recordarle que aún hay unas leyes vigentes, aunque tenga diez medios de comunicación bajo su control y una Constitución en ciernes?