Redacción Judicial
El ex presidente de la República, Alfredo Palacio González, no incluyó todas las propiedades y acciones que posee en Estados Unidos en su declaración de bienes.
El faltante fue detectado por la Contraloría en el examen especial DA1-0037-2008, que estableció indicios de responsabilidad penal en su contra, por supuestos delitos de perjurio y enriquecimiento ilícito.
Los resultados de la auditoría fueron enviados al fiscal de la Nación, Washington Pesántez, quien solicitó que la Corte Suprema fije día y hora para una audiencia oral de sustanciación de cargos en la cual solicitará su prisión preventiva y el inicio de la instrucción fiscal. En esta diligencia deberá estar presente Palacio con su abogado defensor, el penalista Enrique Echeverría.
Ayer, el abogado dijo que cualquier enjuiciamiento del ex Mandatario debe contar, según la Constitución, con la autorización del Congreso Nacional. “Este es el tercer intento judicial para causarle daño al ex Presidente. Primero dijeron que fugó a Nigeria, luego lo trataron de inmiscuir en un juicio por un contrato de Andinatel, en el cual fue absuelto porque se comprobó que ni siquiera hubo tal contrato”.
Este Diario accedió al informe de la Contraloría que investigó las diferencias entre las declaraciones patrimoniales que Palacio entregó el 24 de mayo del 2005, al inicio de su posesión, (Notario 28 de Quito) y el 19 de enero del 2007, cuando dejó el cargo (Notario 26 de Guayaquil).
En ese reporte, de 36 páginas, se señala que el 17 de enero del 2007 el ex presidente Alfredo Palacio y su cónyuge, María Paret, celebraron ante el Notario 38 de Guayaquil una escritura de capitulaciones matrimoniales. El artículo 150 del Código Civil señala que “capitulaciones matrimoniales son las convenciones que celebran los esposos antes, al momento de la celebración o durante el matrimonio, relativas a los bienes y a las donaciones que se quieran hacer el uno al otro, de presente o de futuro”, con la salvedad -dice la auditoría- que la Ley no dispone sino para lo venidero, no tiene efecto retroactivo.
No obstante, en la primera parte del texto de las capitulaciones matrimoniales se señala que “los derechos y obligaciones adquiridos y asumidos en Estados Unidos durante el matrimonio por María Paret, son de su única y exclusiva titularidad, responsabilidad y o beneficio”. Por lo tanto, Palacio –con base en las capitulaciones- sostiene que no tenía ningún derecho sobre ese patrimonio.
Esa cesión incluye varios bienes que para concretar su venta fueron hipotecados. Entre estos, una propiedad adquirida por María Paret en la urbanización Doral Woods 9939 NW, número 47, Terrace, en Miami, y las obligaciones hipotecarias asumidas con Chase Home Financing.
Ese bien, según los registros del condado Miami Dade, fue adquirido dentro de la sociedad conyugal, el 26 de mayo de 2006, por USD 448 000, mientras Palacio era presidente. Actualmente en ese inmueble vive Paret.
Según la Contraloría, el ex Mandatario debía incluir obligatoriamente esa propiedad en su declaración de bienes, pero no lo hizo. Según la Ley, los funcionarios públicos deben incluir sus bienes, los de la sociedad conyugal, sociedad de hecho; y los de propiedad de sus hijos menores de edad.
En la declaración patrimonial de enero del 2007 tampoco consta una villa ubicada en Miami, Florida 10154, Costa Sol Boulevard 33178, que sí fue incluida en su primera declaración, adquirida en USD 185 000. Un caso similar ocurre con la propiedad, ubicada en Costa Sol Boulevard 10154, adquirida en el 2002, y vendida el 6 de mayo del 2006 en USD 360 000 a Richard Ramírez, quien cubrió la hipoteca y canceló USD 181 277 en efectivo.
Según el informe de auditoría, el ex presidente Palacio no registró las capitulaciones matrimoniales en la declaración patrimonial de 19 de enero de 2007. Tampoco incluyó la cuenta corriente 523950-8 del Banco del Pacífico a nombre de su esposa.
La investigación, conducida por el auditor Manuel Tapia, también detectó que en la última declaración de bienes, el ex Mandatario declaró en cuentas por cobrar a su favor dos rubros: por USD 280 000, a la firma Iesc Corp USA; y por USD 55 000, a la compañía Born 2 Learn. En estos casos “no se evidenció con la documentación suficiente y competente la naturaleza, origen y legitimidad de estos derechos a favor del ex mandatario. Sobre todo porque no se demuestra la razón por la cual se creó la cuenta a nombre de Born 2 Learn.
A nombre de esta firma la familia Palacio-Paret adquirió en el año 2000 una propiedad en USD 262 500 para una escuela. El bien fue refinanciado en febrero del 2005 por USD 622 000, y en el 2007 por USD 1 800 000. El ex Presidente aseguró que ya no tenía ninguna participación en esa firma, pues cedió sus acciones en las capitulaciones matrimoniales a María Paret. Pese a que eran parte del patrimonio matrimonial-señala la Contraloría- ninguna de operaciones fue revelada en la declaración patrimonial de enero del 2007.
Por último, al inicio de su gestión, el ex presidente declaró una inversión en el Banco Unió Planter-Miami, por USD 26 164. No obstante, hasta el 21 de julio del 2008 no entregó a la Contraloría la documentación que permita confirmar esa operación.
La denuncia de Almeida
Este caso fue indagado en la Contraloría el 29 de agosto del 2007, por una denuncia presentada por el ex diputado de Sociedad Patriótica Luis Almeida.
Según esa demanda, el ex Presidente no incluyó en su declaración de patrimonial los nueve bienes adquiridos por sus familiares en Miami, por un total de unos tres millones de dólares, entre el 2003 y 2006.
Alfredo Palacio llegó al poder el 20 de abril de 2005, tras ser designado por el Congreso, que destituyó al entonces presidente Lucio Gutiérrez, por abandono del cargo, en medio de masivas protestas en Quito.
Durante su gobierno nombró al actual presidente Rafael Correa ministro de Economía, quien renunció luego de tres meses por discrepancias,
Sin anomalías en Ecuador
La Contraloría también hizo un detallado análisis de diferencias patrimoniales de Alfredo Palacio en el país. De la comparación entre los ingresos por remuneraciones en la Presidencia de la República y los gastos que realizó a través de tarjetas de crédito, pago de cuotas a los fideicomisos y arrendamientos, en este caso se advierte que sus fuentes de recursos le permitieron cubrir sus operaciones de usos o consumos y contar con un valor disponible para otros gastos y ahorro de USD 41 197.
Sobre los pasivos generados en las entidades financiera locales, tampoco se establecieron diferencias significativas.
En el historial de crédito del ex Presidente su calificación más baja es A y el tipo de transacciones básicamente se relaciona con compromisos adquiridos por consumos con sus tarjetas de crédito; no reporta obligaciones vigentes en los dos últimos años. Respecto a su esposa María Paret, la investigación de los auditores estableció que no reportó créditos vigentes en los tres últimos años dentro de las instituciones financieras sujetas a control de la Superintendencia de Seguros y los organismos de control.