Redacción Negocios, Ansa y AFP

Después de haber visto ya casi todo perdido, la empresa brasileña  Odebrecht tiene una nueva oportunidad que, al parecer,  no piensa  desperdiciar.

El presidente brasileño, Luiz Lula da Silva, y su par ecuatoriano, Rafael Correa, analizarán hoy, en Brasil, las sanciones impuestas por el Gobierno de Ecuador a la firma, por incumplimientos en la construcción de la Central Hidroeléctrica San Francisco.

La planta está paralizada desde el 6 de junio pasado, tras detectarse problemas en su construcción, a cargo de Odebrecht.

Los mandatarios tratarán el tema durante el encuentro presidencial entre los jefes de Estado de Brasil, Venezuela, Bolivia y Ecuador, en   Manaos, donde se prevé tratar los temas de integración y crisis financiera global.

En un acto que llamó de dignididad, el mandatario  Correa expulsó a la constructora brasileña el pasado 23 de septiembre.

Correa también  advirtió su intención de  no pagar un préstamo de USD 243 millones al Banco Nacional de Desarrollo Económico Social (BNDES), de Brasil, debido a las fallas de construcción que muestra   San Francisco.

Las autoridades energéticas explicaron que  se trataba de una decisión irrevocable y que  cerraba toda oportunidad de reconciliación con  la empresa expulsada.

 “Nunca más un contratista se burlará del país”, señaló  Jorge Glas, presidente  del Directorio del Fondo de Solidaridad.

Sin embargo, el viernes de la semana pasada, el presidente Correa cambió de opinión. Al ser consultado, en una entrevista televisiva, sobre cuál sería la decisión del Gobierno frente al pedido de Odebrecht de buscar una solución negociada al tema, Correa contestó:  “Nunca hay que cerrar las puertas”.

Luego de ese anuncio, Rafael Correa afirmó el sábado pasado que el tema estaba en vías de solución,  pues Odebrecht aceptó pagar una indemnización y otras exigencias al Estado ecuatoriano para reparar las pérdidas causadas a la economía ecuatoriana.

De ese modo la constructora pudiera  seguir  en Ecuador.

Pero en las oficinas de Odebrecht en Brasil “no se confirmó” el envío de la propuesta de conciliación mencionada por Rafael Correa, reportó ayer el Diario el  Estado de San Pablo.

La relación entre el Estado y Odebrecht se rompió hace poco más de una  semanas, luego de que la  brasileña anunció que uno de sus socios, Alston, no firmó el acuerdo inicial con el Gobierno para entregar una  garantía de USD 43 millones, cuyo cobro estaba sujeto a una auditoría. Ante la negativa del socio, Odebrecht ofreció hacerse cargo  del tema. El Gobierno no lo aceptó.