Dentro del orden institucional, el caso de la Función Judicial  es el más crítico y  el que más afecta al pueblo ecuatoriano. En 1997 un  referéndum    aprobó un sistema  de oposición y méritos que debía ser ratificado- no alterado- por el Congreso Nacional; sin embargo, se  integró una de las Cortes Supremas de Justicia  más politizadas de la historia. Luego, en el  gobierno del presidente  Gutiérrez, se logró la desestabilización total.

En esas extremas condiciones, con  asistencia internacional y un  procedimiento al margen de la Constitución,  se logró  completar una función de la que  carecía el  Ecuador.

Sin embargo, desde que se inició el proceso del referéndum y la aprobación de la Constitución, la mayoría de sus miembros  ha  mantenido  contradictorias  posiciones: renuncia colectiva  antes que someterse a la ruleta para continuar en sus cargos; manifestación  de algunos conjueces para sustituir a los renunciantes y participar en el sorteo y en los vaticinios  de los magistrados  sobre el caos procesal y judicial que se avecina sobre la República. Actitudes  que han transitado entre la  dubitación y, probablemente en algunos casos, en  aspirar a permanecer en las altas instancias de la administración de justicia   del país , aceptando las nuevas reglas de juego .

Con la vigencia de la nueva  Constitución puede que se haya descoyuntado  todo el sistema judicial. En estas circunstancias, ahora solo procede someterse al absurdo sorteo y expedir resoluciones  que  reparen los daños ocasionados en el texto principal, en la Disposiciones Transitorias y en el Régimen de Transición. Será de responsabilidad de  la Comisión de Legislación y Fiscalización resolver este problema, con el gravísimo  riesgo de regresar a las peores épocas de  politización de la justicia ecuatoriana.