Lima, EFE

La Federación Internacional de Derechos Humanos (FIDH) expresó hoy su preocupación por el aplazamiento, previsiblemente hasta finales de enero próximo, del desenlace del juicio que se le sigue al ex presidente peruano Alberto Fujimori, recientemente anunciado por el fiscal del caso.

El vicepresidente de la FIDH, el colombiano Alirio Uribe, dijo hoy a la prensa que la actual etapa del juicio, la de la lectura de las centenares de pruebas aportadas por la fiscalía y los abogados, "está alargando innecesariamente" el proceso".

Aunque en un principio el Tribunal Supremo, que juzga a Fujimori había dicho que el proceso por violaciones de los derechos humanos, que comenzó el 10 de diciembre pasado, podría terminar en primera instancia en este mes, el fiscal José Peláez alertó ayer de que el fallo podría retrasarse hasta enero próximo.

La FIDH consideró "exagerada la cantidad de documentos que se pretenden leer en un juicio".

"No queremos interferir en el sistema judicial peruano pero nos parece que se debió ser más ponderado en la lectura" de las pruebas documentales que, según el representante de la organización, sirven de apoyo para los alegatos.

Uribe, que presentó el informe de la Federación Internacional de Derechos Humanos titulado "El juicio a Fujimori: el fin de la impunidad?", también señaló que al organismo le preocupa la composición de la sala de la segunda y definitiva instancia que juzgará al ex mandatario.

Explicó que el presidente de la Corte Suprema de Perú, Francisco Távara, aseguró a la FIDH que los magistrados de la sala de apelaciones que verá el caso Fujimori serían designados por antig edad y sorteo público, en un "procedimiento bastante claro".

Pero con el aplazamiento del juicio y un próximo cambio a finales de año en la presidencia de la Corte Suprema la situación podría variar, ya que el nuevo titular "tiene facultades muy amplias para la recomposición de las salas", señaló.

"Hacemos un llamado en el informe para que el Poder Judicial mantenga la capacidad que ha tenido hasta la fecha de garantizar una sala confiable para todas las partes", indicó el vicepresidente de la FIDH.

Esta preocupación fue compartida por el director de la Asociación Pro Derechos Humanos (Aprodeh) de Perú, Francisco Soberón, quien confió en que si se emite una sentencia "consistente" en primera instancia, la segunda no modificará radicalmente el fallo.

Tanto la FIDH como Aprodeh criticaron la propuesta reciente de un legislador peruano para dar una amnistía selectiva a los militares presuntamente implicados en atropellos a los derechos humanos.

Según fuentes oficiales, unos 600 militares enfrentan juicios por casos vinculados a la violación de derechos humanos durante la lucha contra el terrorismo.

Uribe puntualizó que "es absurdo insistir en leyes de amnistías e indultos por crímenes de lesa humanidad", mientras que Soberón matizó que una amnistía no puede ser selectiva ya que una norma legal se aplica para todos los ciudadanos.

Fujimori es juzgado desde el 10 de diciembre de 2007 por el asesinato de 25 personas en las matanzas de Barrios Altos (1991) y La Cantuta (1992), perpetradas por el grupo militar encubierto "Colina", así como por los secuestros del periodista Gustavo Gorriti y el empresario Samuel Dyer tras el autogolpe de Estado de 1992.

La Fiscalía ha acusado al ex presidente de ser "autor mediato" de las referidas matanzas, mediante su planificación, organización y dirección, y ha pedido para él 30 años de cárcel.