Redacción Guayaquil
En el 2008 el sector privado perdió espacio en la toma de decisiones económicas. Medidas como la reducción de los costos bancarios, la promulgación de las leyes Financiera y Tributaria, la eliminación de la Tercerización, entre otras, dieron un mayor protagonismo al Estado como interventor. Además, el Gobierno relegó a los representantes del sector productivo dentro del Consejo de Comercio Exterior e Inversiones (Comexi), de la Corporación Aduanera Ecuatoriana (CAE) y de la Comisión de Tránsito de Guayas (CTG).
Mientras los empresarios apuestan al achicamiento del Estado, el gobierno de Rafael Correa armó una Constitución para que la administración pública asuma el manejo de empresas estratégicas: telecomunicaciones, aduanas, puertos y otras.
El Gobierno sigue mirando al sector empresarial agremiado como un actor político y no como un interlocutor, dice Roberto Aspiazu, presidente del Comité Empresarial Ecuatoriano.
Para Sebastián Borja, presidente de la Cámara de Industrias de Pichincha, las opiniones del sector productivo no son tomadas en cuenta, y eso se evidenció en el tratamiento de los temas económicos en el interior de la Asamblea Constituyente. El Mandato 8, que eliminó la tercerización laboral, obligó a las empresas a contratar directamente a los empleados, lo cual generó la eliminación de más de 10 000 plazas de trabajo directo de las tercerizadoras laborales.
La Constitución, aprobada mediante referéndum, es más intervencionista, según Paúl Olsen, presidente de la Asociación de Ganaderos del Litoral. “Esa es la política del Gobierno, tener a un Estado absorbente, que quiere manejar todo cuando la experiencia dice que el Estado es mal administrador. Para eso existen las alianzas estratégicas con la empresa privada, que pone eficiencia y el Estado, la regulación”.
La Ley de Equidad Tributaria fue otro golpe, que afectó sobre todo al sector agropecuario, dice Olsen. “Por ejemplo, el pago anticipado del Impuesto a la Renta que se calculaba en base al patrimonio, era impagable. Al igual que el impuesto a la tierra, que luego fue pospuesto con el Mandato Agrícola”.
Pero la maniobra estatal que alejó más a los empresarios de Guayaquil fue una resolución -del 8 de julio pasado- de la Agencia de Garantía de Depósitos (AGD) que decidió incautarse más de 300 bienes de los hermanos William y Roberto Isaías Dassum, incluidos canales de televisión, ingenios, importadoras de vehículos... Los ex accionistas de Filanbanco debían responder por un hueco patrimonial de cerca de USD 660 millones.
Los presidentes de las cámaras de Industrias y Comercio fueron salpicados por la decisión de la AGD, por la supuesta vinculación con los ex accionistas de Filanbanco. A María Gloria Alarcón (Comercio) y a su hermano, después de cuatro meses, la AGD devolvió sus empresas. No así en el caso de Miguel Peña (Industrias), pues una parte de las acciones de la empresa procesadora de licores -Producargo- sí pasó a manos del Estado, pues no se comprobó su real propiedad. Estas figuras sufrieron un desgaste y dieron paso para que otros sectores tomaran protagonismo.
Según Renato Carló, presidente de la Cámara de la Pequeña Industria, desde el Gobierno se ve al sector privado en dos bandos. “Talvez porque cierto sector productivo abusó de la presión al Gobierno de turno. Por eso el Presidente mantuvo distancia, pero eso fue equivocado”. Carló reconoce que ciertos presidentes de cámaras productivas sí tomaron decisiones a favor de intereses particulares, “pero no son todos y se debía diferenciar claramente quiénes estaban en esto”.
Bolívar Cevallos, presidente de la Cámara de Agricultura de la Primera Zona, sostiene que en los últimos seis meses el diálogo entre los ministerios y el sector fue más fluido. Eso permitió la promulgación de exoneraciones y subsidios para el agro, a fin de blindarlo ante la escalada de precios y el aumento de la inflación interna y externa.
El Ministerio de la Coordinación de la Producción tendió un puente entre el Estado y el sector productivo. Susana Cabeza de Vaca lideró varios talleres y reuniones que permitieron tomar decisiones como el Mandato Agrícola, la fijación de precios a los productores y al final del año, una reunión, en Guayaquil, entre el Presidente y los representantes empresariales del país. También uno de sus ministros representa al sector productivo de Azuay: Xavier Abad.
César Monge, presidente de la Cámara Nacional de Acuacultura, sostiene que la relación Estado fue fructífera. En noviembre se entregó al Presidente un estudio sobre la repercusión de la crisis mundial en el sector exportador, que redundó en la implementación de medidas para brindar más liquidez a los diferentes actores agrícolas e industriales.
Gabriel Robayo, director del Instituto de Desarrollo Empresarial, sostiene que para este 2009 el empresario deberá unir esfuerzos para que la crisis mundial golpee con menos fuerza. Pero que el Gobierno deberá tomar una parte activa de estas estrategias para favorecer a la economía.
Punto de vista
El Gobierno tiene poca simpatía por lo privado
Las relaciones Estado-empresa son frías debido a la ideología socialista del actual Presidente. La Constitución volvió al Estado más intervencionista.
Guillermo Arosemena
Historiador y consultor
económico |
Las relaciones son frías porque el presidente Rafael Correa, por su ideología, no tiene mucha simpatía por el sector privado, pese a que es necesario para que la economía crezca.
Por eso a él (Correa) le sorprende que el presidente Lula da Silva intervenga en una relación empresa–Gobierno. Él no cree posible que Lula se inmiscuya en un problema que no es Estado-Estado. Lo que Lula hace es lo que debe hacer cualquier Gobierno: ayudar a sus empresas. En la ideología del actual Gobierno, la empresa mientras más grande es, menos amistad o menos actitud positiva tiene. Ahí viene la gran ironía, que los llamados pulpos empresariales ecuatorianos son pequeñísimos en relación con la región. En la última edición de América Economía tuvimos cuatro en una lista de 500 empresas.
La nueva Constitución deja muchas puertas abiertas y se presta a diferentes interpretaciones. Este es un mercado que no crece y no es exclusivo de este Gobierno; históricamente la economía nacional crece a niveles inferiores que otras del mismo nivel de desarrollo. Hace unos 40 ó 50 años, Chile tenía USD 100 ó 200 más de ingresos per cápita que Ecuador, ahora tiene USD 5 000 per cápita.
El Gobierno se volvió más intervencionista y está convencido de que tiene un rol supremo, por encima del sector privado, en el crecimiento de la economía. Eso se nota a través de las nuevas instituciones, incluso se creó una empresa minera. Esa es la filosofía socialista: el Estado es nuestra principal fuente de generación de divisas y riquezas. Hay un presupuesto de USD 14 000 millones o 15 000 millones, que creció un 30 ó 40%, en dos años. A medida que crece el presupuesto, mayor es la participación del Estado en la economía. El modelo socialista dice: ustedes sector privado no es que no tendrá negocios, los van a tener, pero yo, Estado, soy más importante. Sí existe una que otra ayuda, pero muy pequeñas para poder reactivar la economía del país. Pero a medida que se le cierren los ingresos por el petróleo, el Gobierno tendrá obligadamente que depender más del sector privado.
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