Carlos Rojas Araujo.  Corresponsal en Bogotá

La  difusión del video de   Jorge Briceño alias ‘Mono Jojoy’, en el cual  se refiere a una “ayuda en dólares a la campaña de (Rafael) Correa…”, se produjo en una de las semanas más críticas de la relación bilateral entre Colombia y Ecuador.

La Justicia ecuatoriana había ratificado  la orden de detención preventiva contra el ex ministro de la Defensa y precandidato presidencial, Juan Manuel Santos. A él, Ecuador lo considera responsable del ataque al campamento clandestino de Raúl Reyes, en Angostura, el 1 de marzo de 2008, donde murieron 25 personas, entre ellas un ecuatoriano.

De manera paralela, la Fiscalía colombiana estaba a punto de anunciar, la tarde del viernes, la apertura de una investigación contra el ex subsecretario de Gobierno, José Ignacio Chauvín, cuando apareció el video. 

Uno de los  motivos de este expediente, según el fiscal Mario Iguarán, es su “participación como emisario entre las FARC y el Gobierno de Correa”. Colombia no descarta enjuiciar a Chauvín por “auxiliar a un grupo terrorista”, cuyo delito tiene carácter transnacional y es factible pedirlo en extradición.

El Gobierno colombiano quiere que la OEA analice  la presunta colaboración  de  las FARC a la campaña del presidente ecuatoriano  Rafael Correa, en  2006. Para el efecto, se  enviarán el video de ‘Jojoy’ y otras pruebas.

Asimismo, tal y como lo sugirió el fiscal Iguarán, este material fílmico que fue difundido por la agencia AP se entregará a la Interpol para que certifique su autenticidad. Este procedimiento ya ocurrió con los computadores de Raúl Reyes que fueron hallados tras el bombardeo de Angostura. 
 
Pero  la semana que termina fue también crítica en lo comercial y polémica en lo geopolítico (ver recuadro).

Uniendo todos estos hechos, concluye Antonio Albiñana, periodista y corresponsal español residente en Bogotá, “la difusión del video de ‘Jojoy’ se produce en un momento, poco menos que rocambolesco”. A su juicio, esas imágenes, más que plantear primero un debate sobre su autenticidad, generaron un factor de distracción donde los convenios militares con EE.UU. “pasaron por ahora a un segundo plano y  se los justificará como necesarios para enfrentar al terrorismo”.

Para Albiñana, es dudoso que los grandes medios  y toda la red de instituciones estatales colombianas no se hayan enterado que el 29 de mayo pasado fue detenida la guerrillera Adela Pérez, quien tenía en su poder este material fílmico. “El caso cobró notoriedad recién el viernes con la difusión del video desde la agencia Associated Press. Y en pocos minutos, el embajador de EE.UU. en Bogotá, William Brownfield, ya estaba enterado de todo y daba declaraciones públicas”.

Y la prensa se ha enfocado en calificar el video  como una prueba que fortalece la credibilidad de los primeros correos que se recuperaron de Reyes. Para la revista Semana, en su edición de ayer, “Correa está acorralado”, pues lo de ‘Jojoy’ ya es una “prueba irrefutable de los vínculos entre las FARC y su Gobierno”.

Si bien este medio asegura que estas denuncias complican al Régimen en Quito,  las consecuencias tendrán un alcance regional caracterizado por la polarización de los distintos países. Mientras que Ecuador se acerca a la Alba del líder venezolano Hugo  Chávez, Colombia fortalece sus acuerdos militares con EE.UU.

En ese sentido, concluye Semana, “con Ecuador, la diplomacia está judicializada, la economía fracturada y la política congelada”.

Dos temas que son espinosos

Las restricciones a los productos colombianos, a través de la aplicación de una salvaguardia ecuatoriana discrecional, levantó protestas en los sectores productivos de las dos naciones,  que  predicen una pérdida de USD 500 millones  para este año.

A su vez, dentro de Colombia se produjo todo un debate crítico por la ampliación de los convenios militares con Estados Unidos para el uso parcial de tres bases aéreas, en las cuales se reemplazarían las actividades de interdicción al narcotráfico que hasta el viernes pasado se realizaban en la Base de Manta.

Hubo sectores políticos de oposición y medios de comunicación que presionaron para que el presidente Álvaro Uribe consulte al Consejo de Estado, sobre si esta ampliación de convenios requiere la aprobación por parte del Senado colombiano.