Redacción Política

El artículo 16 de la Constitución dice que todas las personas tienen derecho a una comunicación libre, intercultural, incluyente, diversa y participativa, en todos los ámbitos de la interacción social… El 18 aclara que todas las personas tienen derecho a buscar, recibir, intercambiar, producir información veraz, verificada, oportuna, contextualizada, plural…

Bajo estos principios, el Régimen ha articulado una estrategia para reforzar la comunicación.

El jueves se dio una puntada más: la creación del Ministerio de Telecomunicaciones y de la Sociedad de la Información. El Presidente de la República  explicó durante la posesión del nuevo ministro Jorge Glass que era una forma de agrupar a las entidades que se encargaban de la comunicación bajo un solo órgano rector.

Así, el flamante Ministerio de las Telecomunicaciones reunirá al Consejo Nacional de Telecomunicaciones (Conatel) y al Consejo Nacional de Radiodifusión y Televisión (Conartel) que, de acuerdo al Decreto número 8, será absorbido por el Conatel y la Secretaría Nacional de Telecomunicaciones (Senatel).

Esta decisión se conecta a otras vinculadas a la regulación de los medios, tanto en su funcionamiento como en sus contenidos. En noviembre, y de acuerdo con la disposición transitoria vigésimo cuarta, el Ejecutivo creó la comisión auditora de frecuencias de radio y televisión, cuyo informe se presentó a mediados de mayo, pero apenas se conoció públicamente el 2 de julio.

El documento mostró que más de 500 frecuencias que tendrían irregularidades, pero las autoridades aún no se han pronunciado. El Ejecutivo tampoco.

Otras medidas fueron los tres procesos administrativos contra Teleamazonas, de los cuales dos tienen sentencia en firme; uno por haber transmitido imágenes taurinas y otro por haber transmitido información basada en supuestos. Con estos sucesos, el Conartel tomó protagonismo.

Luego vino el cambio de horario de ‘Los Simpsons’, y la derogatoria de la resolución el 15 de julio, que dio paso a la conformación de una comisión que regule  los contenidos, pero que  no termina de cuajar.  A  fines de este mes se cumple el plazo para   presentar su reglamento.

El 5 de julio, el Gobierno anunció la creación de un Consejo Político de Comunicación que estará a cargo de la Secretaría de Comunicación, presidida por Fernando Alvarado.   Uno de los objetivos es que exista una mayor coordinación entre los ministerios para tener una sola política de comunicación.

El martes último, Doris Soliz, secretaria de Pueblos, dijo que al interior del Gobierno se afinan los detalles del Consejo de Comunicación y, además, hizo pública la conformación de un Observatorio de Medios que vigilará el trabajo de la prensa.

Respecto a esto, Fernando Alvarado, señaló que ese planteamiento  “responde a la necesidad de que exista un organismo encargado de defender a los ciudadanos de posibles excesos de los medios de comunicación”.

La organización de la veeduría estará a cargo del Consejo de Participación. “Los medios no deben temerle a la participación ciudadana”, dijo Soliz a este Diario.

Finalmente, el Legislativo tiene hasta octubre para aprobar la Ley de Comunicación, de la que poco se conoce. El asambleísta César Montúfar presentó un anteproyecto de ley que no  plantea  la regulación estatal  de la comunicación.  Para Montúfar, el ejercicio profesional de periodistas  tiene que estar “especialmente protegido”.  Sin embargo, las verdaderas intenciones del Gobierno hacia los medios aún no están claras.

La Constitución y la Ley

El art. 384 de la Carta Política establece que el   sistema de comunicación social asegurará el ejercicio de los derechos de la comunicación, la información y la libertad de expresión, y fortalecerá la participación ciudadana.  

El sistema  se conformará por las instituciones y actores de carácter público, las políticas y la normativa; y los actores privados, ciudadanos y comunitarios que se integren voluntariamente a el.

El Consejo de Participación,  en las próximas  semanas, hará pública la convocatoria para quienes deseen integrar el Observatorio de Medios. La prensa no podrá ser parte .