Un sector del oficialismo parece querer imponer una nueva Ley de Comunicación sin que todos los sectores sociales, políticos y mediáticos del Ecuador tengan la posibilidad de pronunciarse y ser escuchados para construir, como corresponde en una verdadera democracia, un proyecto equitativo y justo que sea capaz de satisfacer las grandes necesidades comunicacionales del conjunto del país y llenar los enormes vacíos que existen en este estratégico campo. Es de confiar que no suceda aquello, aunque el optimismo es mínimo porque otras leyes que han sido aprobadas en la Asamblea Nacional, gracias al voto de la mayoría gobiernista, tampoco han sido debatidas y discutidas suficientemente. Lo que ocurre precisamente en estos días con el proyecto de Ley de Educación Superior es eso: el Régimen ha desatado una enorme maquinaria publicitaria para apoyar su propuesta y, simultáneamente, maneja un discurso en el que descalifica cualquier otra alternativa que presenten los interesados, como lo ha hecho, sin éxito, la comunidad universitaria.

Algo similar podría ocurrir con la Ley de Comunicación, mucho más cuando el país conoce las posiciones, muchas veces radicales y extremas, contra lo que se ha dado en llamar “los medios privados”.

A pocos días de que se venza el plazo constitucional para que se debata y apruebe dicha Ley, el Régimen juega con la incertidumbre al anunciar, casi de manera simultánea, que el Gobierno no tiene un proyecto específico, pero que sí lo tienen los asambleístas de Alianza País.

Actitudes como esas no son sanas para una sociedad que necesita, sobre todo, certezas y apertura para avanzar en la construcción de la democracia mediática que desean todos los ecuatorianos.