Bogotá, DPA

El gobierno colombiano presentó hoy al Congreso el acuerdo que suscribió el viernes pasado con Estados Unidos, que le permitirá a militares de ese país usar siete bases de Colombia en la lucha contra el terrorismo y el narcotráfico.

El texto del convenio fue entregado por el ministro del Interior y Justicia, Fabio Valencia, a los presidentes del Senado, Javier Cáceres, y de la Cámara de Representantes, Édgar Gómez.
La presentación del acuerdo tiene un carácter informativo, pues el gobierno del presidente Álvaro Uribe rechazó una sugerencia del Consejo de Estado, máxima instancia de la justicia contenciosa administrativa, para someterlo a un aval del Congreso.

Valencia insistió en que el acuerdo se enmarca en la cooperación militar que desde mediados del siglo pasado mantienen Colombia y Estados Unidos, y descartó que involucre a terceros países. "Se trata de un pacto sólo de cooperación técnica (...)

El acuerdo no se firma para permitir que  Estados Unidos ataque otras naciones", aseguró el ministro. El funcionario dijo que el texto será publicado pronto y destacó que en el pasado este tipo de acuerdos se mantenían en secreto. Según medios de prensa, los militares estadounidenses usarán bases que el Ejército, la Fuerza Aérea y la Armada tienen en los departamentos de Atlántico, Bolívar (norte), Caquetá (sur), Cundinamarca, Meta (centro) y Valle del Cauca (suroeste).

El ministro de Relaciones Exteriores de Colombia, Jaime Bermúdez, ha afirmado que el acuerdo no supondrá una presencia masiva de personal estadounidense, pues contempla cifras idénticas a los acuerdos anteriores. De esta forma, no podrá haber más de 800 militares y 600 contratistas. El embajador de Washington en Bogotá, William Brownfield, dijo en una entrevista el pasado fin de semana que los militares de su país ya estaban presentes en seis de las siete bases colombianas a las que tendrán acceso por el nuevo convenio. La alianza entre Colombia y Estados Unidos ha provocado una gran polémica en las últimas semanas, pues gobiernos como los de Venezuela y Ecuador la rechazan con el argumento de que desestabilizará a la región.