Redacción Judicial

A Milton Ávila le prohibieron ayer el ingreso a su sitio de trabajo. Durante 23 años ocupó el cargo de bodeguero en el Comisariato del Ejército y  era el responsable de inventariar la mercadería.

El 12 de octubre recibió un memorando de la Gerencia del Comisariato, donde se pedía que inicie las gestiones pertinentes para “entregar su puesto de trabajo hasta el 30 de octubre” y retirar “el cheque de  su indemnización”.

Otras 427 personas que trabajaban en las 13 dependencias del Comisariato del Ejército en el país corrieron con la misma suerte. Sus representantes se reunieron ayer en la matriz, en  Quito (en la calle Carlos V y av. De la Prensa) para demandar explicaciones.

El gerente del Comisariato, coronel  Patricio Gallardo, sostiene que el Alto Mando del Ejército decidió la supresión de puestos, con base en la Ley de Contratación Pública. “Con la aprobación de la  Ley se exigió que la empresa tenga personería jurídica. Desde 1960 no la tenía y para solucionarlo pasó a una empresa”.

Debido a la liquidación, el Comisariato cerró sus puertas. No desaparecerá, pero sí  cambiará de administración, asegura Gallardo. El Holding Dine (Dirección de Industrias del Ejército)  fue designado para   esa tarea. Dine ofreció a los trabajadores seguir en sus cargos, pero  para ello deberán  renunciar  a su liquidación por los años de servicio.

Se basa en la Ley de Servicio Civil y Carrera Administrativa (Lossca). El artículo 15 establece que los funcionarios públicos que “hubieren sido indemnizados por efectos de la cesación de funciones,  supresión de su puesto de trabajo, compra de su renuncia o cualquier otra modalidad, no podrán reingresar a  ninguna entidad pública”.

La misma  Ley, en su disposición primera, señala que por supresión de puestos de trabajo “se pagará USD 1 000 por cada año de servicio y hasta un máximo de USD 30 000 en total”. Esta norma, según Gallardo, se respetará para quienes opten por ser liquidados; “su indemnización estará acorde con  su antigüedad”.
 
Pero los trabajadores no están de acuerdo. Martha Hulcapi dice que sus pagos no deben calcularse con base en la Lossca, sino con lo establecido en el  Mandato 2.

Este fue aprobado  por la Asamblea Constituyente el 24 de enero de 2008, para regular las remuneraciones del sector público. Allí se señala que por supresión de partida, los servidores deben recibir hasta siete salarios mínimos por año:   USD 1 526.
 
Aunque en el mismo Mandato, en el artículo 8, se excluye de esta norma a los funcionarios que pertenecen a las FF.AA. y a la Policía.

Ávila dice que lo justo sería que los indemnicen y que luego los contraten en el Holding Dine. Por ello, ayer mantuvo  su posición de rechazo. Junto a un centenar de ex trabajadores bloqueó el tránsito frente al Comisariato, en la calle Carlos V, en el norte de Quito. Desde las 08:00 hasta las 12:00, ellos gritaron consignas contra la acción de las FF.AA.

En las paredes blancas del sitio escribieron con aerosol frases de protesta. Una de ellas rezaba: ‘No al desempleo masivo’. 

Ávila tenía en su mano un juego de llaves de los accesos a la bodega donde trabajó. “Le dije a mi jefe que no se las entregaría mientras no  nos solucione el problema que tenemos los trabajadores”.

El hombre de 52 años esperaba dialogar con las autoridades militares, porque su familia depende de su actividad. “Luego de tantos años de entrega y sacrificio, no puede ser que nos echen así”.