Redacción Judicial
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Las  contrataciones que realizan las      FF.AA.  no se regulan  con  la nueva  Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública, vigente desde agosto de 2008.
 
En su   derogatoria novena se precisa que de la aplicación de la norma se “exceptúan expresamente... las contrataciones de bienes de carácter estratégico necesarias para la defensa nacional”.

Eso implica, según el director del Instituto de Compras Públicas (Incop), Jorge Luis González, que las FF.AA. no tienen la obligación de presentar informes a organismos de control como la Contraloría y la Procuraduría. “Esto también se establecía  en la anterior Ley de Contratación, pues se trata de  un tema de seguridad. Se dijo  que otros Estados podían hacer uso de esa información”.

Por ello, en la  compra de  los siete helicópteros Dhruv a   Hindustan Aeronautics Limited   (HAL)  no intervino el Incop. “Nosotros no teníamos por qué conocer ese contrato. Ellos  tienen su propio reglamento”, señaló González.
Antes de la nueva Ley de Contratación Pública, la encargada de definir las reglas de contratación militar era la Junta de Defensa. La presidía  el Ministro de Defensa, pero fue eliminada.
 
Ahora, cada rama de las FF.AA. hace sus  contratos, con  asesoramiento de la  Dirección  Técnica de Planificación, creada en enero por el Ministerio de Defensa.
Pero el titular de esa Cartera, Javier Ponce, reconoce que dentro de la Fuerza Aérea Ecuatoriana (FAE) -responsable de la  compra de los Dhruv-  hubo una “debilidad” para preparar el contrato.

Por ello, el Ministro anunció la creación de un observatorio técnico, con civiles expertos y militares en retiro, para que en adelante se encargue de establecer las bases de los contratos, analizar los requerimientos de las fuerzas y decidir las adquisiciones militares de las tres ramas de las FF.AA.

Algunas especificaciones técnicas de los helicópteros no coinciden con lo que se escribió en el contrato. Por ejemplo, se exigía que las naves tengan motores de la India, hechos en 2008. Pero las naves que llegaron al país tenían motores  franceses y tres de ellos eran de 2005, 2006 y 2007.
     
La FAE informó que  la empresa india se comprometió a cambiar las partes que no fueron acordadas, pero que eso demorará, por la complejidad de fabricación.
El Director del Incop sostiene que    el contrato “solo se puede  terminar si el vendedor incumple y ese no es el caso. Cuando se adquieren bienes, es fundamental verificar todo en la recepción”.

Pero el jurista Genaro Eguiguren considera que, si se verifican las omisiones, sí cabe una anulación del contrato.

Dice que el Gobierno podría emitir tres informes: técnico, económico y legal, detallando las partes  que se no apegan al contrato: como el Sistema de Alerta de Proximidad a Tierra. Se exigía un  Egpws, pero llegó un Ulpas.
 
Luego   el Gobierno puede certificar que pagó lo convenido y que no está en mora con el contratista. “El vendedor tiene  15 días para responder y justificar los retrasos y si no lo hace se puede declarar la terminación unilateral y  declarar la incapacidad del vendedor de volver a contratar con el Estado”.

Pero el comandante de la FAE, Rodrigo Bohórquez, dice que HAL se acogerá al  contrato, según el cual “el vendedor podrá reparar o reemplazar (las piezas de las naves) sin costo adicional”.

Pero -según el acuerdo- eso se puede efectuar dentro de 90 días, a partir de que el vendedor reciba la notificación por escrito respecto a la falla o defecto. HAL fue notificada en  mayo y junio. Han pasado cinco meses.

Bohórquez sostiene que   revisará las fechas, pero que independientemente de eso hay un compromiso firmado por HAL.