Redacción Sociedad

Los 95 asambleístas, reunidos para el primer debate de las reformas a la Ley de Educación Superior, tuvieron que recibir a fuerza una clase magistral, que duró una hora y 30 minutos.

Cada uno de los siete representantes del sector universitario disponía de cinco minutos para intervenir, pero sus argumentos contra la propuesta oficialista alargaron su participación desde las 11:59 hasta casi las 13:30.

Más de 10 000 estudiantes, profesores, autoridades y personal administrativo de las universidades públicas y privadas, encabezadas por la Universidad Central, que se adelantó, caminaron hasta la av. 6 de Diciembre y Piedrahíta. Hasta el edificio de la Asamblea Nacional llegaron por estar inconformes con el informe de la Comisión de Educación, presidida por Alianza País (AP). Los organizadores dijeron que sumaron 30 000.

La Ley vigente data del 15 de mayo de 2000. El 8 de octubre de este año, la comisión se instaló para tratar los cambios. El 30 de octubre presentó el informe, basado en dos proyectos, el del Consejo Nacional de Educación Superior (Conesup) y de la Secretaría Nacional de Planificación y Desarrollo (Senplades).

Gustavo Vega, presidente del Conesup, habló en términos culinarios. “El proyecto (el informe) está bastante crudo, hay que cocinarlo aún”. También señaló que la propuesta privilegia la política autoritaria, el método del castigo y que decreta la calidad en lugar de fomentarla.

Vega, un psiquiatra y ex rector de Cuenca, antecedió a los dos rectores, un decano, dos dirigentes de los estudiantes, el representante de los profesores y la delegada de los institutos, que participaron en comisión general, ante el Pleno de la Asamblea.

Carlos Cedeño, rector de la U. Estatal de Guayaquil, pidió que se escuche la voz del sistema de educación superior. Y aunque, desde las barras, cientos de alumnos de la U. Central aplaudieron, su discurso no calentó tanto los ánimos como el de Santiago Guarderas.

El decano de la Facultad de Jurisprudencia de la U. Católica de Quito (PUCE), pidió a los asambleístas que se despierten porque los integrantes de la Comisión de Educación les están restando potestad legislativa.

Les dijo que ejercen una función de servicio al país y no de Gobierno o partido político alguno. Entre las barras circuló el grito: “alza manos”. Además, el clásico:
“En el tiempo, en el espacio, tu nombre sonará, Universidad, Universidad Central”.

Los asambleístas de oposición aprovecharon el momento y gritaron: “Libertad”, entre ellos Rodolfo Baquerizo, del Prian, alterno de Luis Noboa. Fernando Cordero, de Alianza País, tuvo que pedir respeto ante el malestar de sus compañeros de AP.

Roxana Alvarado se puso de pie. También se juntaron a conversar Mae Moreno, Pedro de la Cruz, Raúl Abad y Paco Velasco. Cordero recordó que no era un debate y que por eso los visitantes no debían aprovecharse. “Los diálogos se construyen escuchando, ya tendrán la oportunidad de responder”, dijo.

“La Universidad es del pueblo, no del Gobierno”, señaló David Almeida, presidente de la Federación de Estudiantes Politécnicos del Ecuador, al finalizar su intervención. La frase fue coreada por los universitarios. Pidió analizar cuestiones de fondo, recordó que están unidos con los trabajadores y el campesinado.

Marcelo Rivera, presidente de la Federación de Estudiantes Universitarios del Ecuador (FEUE), dijo: “La U. debe estar al servicio del país y no de Alianza País” e indicó que no se puede poner en un mismo nivel los títulos técnicos y tecnológicos con los universitarios y politécnicos.

Édgar Samaniego, rector de la U. Central, señaló que la autonomía no se negocia. Pero afirmó que la universidad debe rendirle cuentas al pueblo.  “Creemos que se la tiene que calificar, pero que ese organismo no debe estar representado por ningún sector, sino por hombres independientes, éticos...”. Criticó que se pretenda que los profesores se conviertan en servidores públicos y que se jubilen con USD 200.

Samaniego dijo que en la U. han de fluir las ideas de todas las tendencias. “Por eso la universidad pública y en particular la Central les pide que a través de la Ley que logremos despartidizar la Universidad ecuatoriana, no puede estar maniatada a ningún partido político”.

Pero Roxana Alvarado, asambleísta de AP, dijo que la autonomía ha servido para que los rectores se escuden en ella para establecerse los sueldos y viáticos, gastos por representación, que no se compadecieron nunca de presupuestos de la U. “De qué ha servido si solo el 2,3% de ecuatorianos acceden a la Universidad”, sentenció.