Quito, Reuters

Una comisión de asambleístas de Ecuador presentó el sábado un proyecto de ley para garantizar el derecho a la comunicación a través de un ente estatal regulador, en medio de duras críticas respecto a que su contenido podría atentar la libertad de expresión en el país.

La propuesta, elaborada por una comisión de asambleístas con mayoría oficialista, será socializada entre la población antes de iniciar su debate en la Asamblea Nacional, a partir del 10 de diciembre.

Aunque el objetivo de la propuesta es garantizar la libertad de expresión y el acceso a la información, los medios de comunicación privados y algunos sectores de oposición han señalado que la norma podría alterar la libertad de expresión.

Los asambleístas proponen la creación del Consejo de Comunicación e Información, como un ente público para "velar" y "contribuir" la aplicación de las políticas de comunicación, además de emitir sanciones para los periodistas y los medios por difusión de contenidos que afecten a esas disposiciones.

El Consejo estará integrado por dos representantes del Gobierno, uno de las facultades de comunicación y tres ciudadanos electos por otro ente estatal. Los miembros del organismo podrán realizar un control de la programación de los medios, que deberán incluir programas producidos en el país y destinar 20 minutos al mes para difundir las actividades del Gobierno.

"Lo que hace la ley es establecer responsabilidades ulteriores, si mienten que tengan que responder por sus mentiras", dijo en su informe el presidente Rafael Correa, quien mantiene una agria disputa con medios privados.

Venezuela y Argentina han aprobado leyes de regulación y control de medios en sus respectivos países, en medio del rechazo de los afectados. Los medios privados, a quienes Correa los acusa de difundir información inexacta sobre su gestión, han desarrollado una campaña para rechazar el proyecto de ley, que ha polarizado a diferentes sectores involucrados en la comunicación.

Páginas en blanco y negro con una leyenda pidiendo "más respeto" circulan junto a sus ediciones. Mientras que los canales de televisión emiten comentarios sobre su derecho a difundir información y editoriales.

La preocupación de los medios y la oposición se encamina a que la propuesta podría atentar la labor periodística en el país por el control del Gobierno sobre la información que difundan.

La propuesta obliga a los medios a rectificar las publicaciones que hayan afectado a terceros en un plazo de 48 horas, a registrarse cada año para poder operar y dispone que los encargados de elaborar la información sean profesionales. "Es una ley que está diseñada para controlar a los medios. No es una ley de comunicación", dijo la asambleísta indígena Lourdes Tibán, una crítica del Gobierno.

La Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) ha expresado su preocupación por el proyecto, argumentando que supondría una virtual liquidación de la libertad de expresión en el país. El presidente de la Asamblea, Fernando Cordero, dijo en la víspera que si la ley restringe derechos será desechada.