Redacción Política

La Asamblea quiere cuidar las espaldas del país antes de avalar la denuncia de 13 convenios bilaterales de protección de las inversiones. Para concretar este trámite se pedirá una asesoría a la Procuraduría. 

La decisión la tomó la Comisión de Soberanía del Legislativo, la cual terminó aye el análisis de la solicitud realizada por el Ejecutivo para denunciar esos acuerdos.

El presidente de la comisión, Fernando Bustamante, dijo que la eliminación de los tratados es un tema delicado. La razón: fueron firmados con países considerados amigos históricos de Ecuador y pudieran tener consecuencias no solo diplomáticas sino económicas y comerciales. 

Los convenios que se pretenden anular fueron suscritos con EE.UU., Alemania, Argentina, Canadá, China, Chile, Finlandia, Francia, Países Bajos, Reino Unido, Suiza, Venezuela y Suecia.

Sobre la decisión de la Comisión de Soberanía, Bustamante explicó que se necesita contar con algunos  criterios jurídicos adicionales. Esa fue una de las conclusiones a las que llegaron los integrantes de la Comisión, que pertenecen a las bancadas de Alianza País, Sociedad Patriótica, Prian y del Movimiento Municipalista. 

Específicamente, los asambleístas pedirán al Procurador General  una opinión sobre la aplicabilidad de la figura de la denuncia. Ese criterio no será vinculante (obligatorio) para la decisión que tomarán posteriormente, pero les servirá como un soporte técnico para su resolución.

“Será un criterio general sobre los 13 convenios y cómo debemos actuar en el marco de la Convención de Viena. Debemos estar seguros de que no vamos a violar esa convención. No queremos precipitarnos para que  la decisión que tome el país no sea atacada”, sostuvo Bustamante.

Es decir, los legisladores esperan que el procurador, Diego García, les entregue un camino jurídico seguro sobre el cual caminar con referencia al pedido enviado por el  Gobierno Central.

La intención del Ejecutivo de denunciar esos 13 convenios se respalda en el artículo 422 de la Constitución. Este establece “la prohibición de celebrar instrumentos internacionales en los que el Estado ceda jurisdicción soberana a instancias de un arbitraje fuera de nuestra Nación”.

Adicionalmente, en esos tratados se especifica  que el tribunal, para revisar cualquier diferencia, es el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (Ciadi). Para el Gobierno, este lugar no es un escenario equitativo, porque “hay preferencias para las empresas”.

Actualmente, el país afronta 11 demandas internacionales, que llegan a los  USD 11 000 millones. Además, cuatro empresas extranjeras han notificado al Estado ecuatoriano su intención de llegar a un  arbitraje para definir sus controversias.      

La Procuraduría no tiene un plazo definitivo para entregar su pronunciamiento. Luego de eso, la Asamblea decidirá su aval.