En Los Vergeles, donde el asfaltado y el alcantarillado pluvial son escasos, la Defensa Civil evacuó el domingo a otra familia. Tita Castro, madre de cinco pequeños, salió a toda prisa cuando el agua inundaba su entorno.

La vivienda estaba a medio hacer y el techo de plástico no soportó la fuerza del aguacero. “Deseo que el Municipio nos dé un techito donde vivir. La casa no es propia y está bien destruida”, solloza la mujer. Personal del Ministerio de Inclusión Económica y Social (MIES) y del Instituto de la Niñez y la Familia los visitó.

“Apenas los alojamos en los albergues les llevaron colchas, alimentos y medicinas. Coordinamos acciones para hacerles los chequeos médicos” señala Enriqueta Pulla, directora provincial del Ministerio de Inclusión.

Las dos familias están alojadas cerca de sus viviendas, pero las condiciones de los albergues donde están distan mucho de ser las adecuadas. Sánchez y los suyos permanecen en un aula de la escuela Enriqueta de Wind. No tienen agua potable y el piso tiene pequeños charcos.

Isabel Naranjo, conserje del plantel, se ha quejado con la Defensa Civil. “Aquí no podemos albergar gente, el plantel no tiene las condiciones necesarias para hacerlo”, señala Naranjo. El MIES ofreció reubicar a la familia que se encuentra en esa escuela.

Recién ayer, a las 17:30, se debía analizar la situación y el estado de los albergues en Machala, 10 en total. Para ello, se organizó una cita entre el Comité de Operaciones de Emergencia (COE) y el Municipio local.

La prolongada lluvia también ocasionó estragos en el sureste de la provincia. La madrugada del domingo se produjo un deslave en un tramo de la vía Saracay-Balsas, en el cantón Piñas.

El alud arrastró un vehículo con cinco ocupantes. Cuatro pudieron salir a tiempo, no así una mujer. Ella no fue identificada y permanecía hasta el mediodía de ayer en calidad de desaparecida.

“Al parecer, ella no pudo salir a tiempo del vehículo por su estado de salud. Todo fue tan inesperado”, indica Marco Reinoso, coordinador provincial de la Defensa Civil de El Oro.

Redacción Guayaquil
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Hugo Aguirre no ocultaba la preocupación y la molestia por la situación que tuvo que pasar. Él es uno de los tantos agricultores de los alrededores de Puerto Inca, cantón Naranjal (sur del Guayas), afectados por las inundaciones del último fin de semana.

Ayer, a media mañana, intentaba ingresar a sus cultivos en la zona del recinto Trovador. Esta es una de las áreas más dañadas por el embate del río Cañar y de varios de sus afluentes.

El agricultor recordó que el domingo en las primeras horas del día el río comenzó a crecer. Por eso, debió salir del predio junto a su familia. “He perdido unos USD 600. Tenía 800 plantas de cacao en media hectárea y todo se llevó la corriente”.

Las 30 horas de lluvias y el desbordamiento del afluente dejaron anegadas las vías de acceso al sector de su plantación. En Trovador, Fanny Vanegas, esperaba en el segundo piso de su casa. La planta baja estaba inhabitable porque la creciente alcanzó casi un metro. Por ello, con su esposo, protegió sus enseres guardándolos hasta en el balcón.

Vicente Vega, otro vecino, decía que el desbordamiento del estero Estrella causó que se perdieran muchas plantaciones. Junto a Jesús Vera, otro agricultor, culpaban a Cedege, “Hay muros que los hicieron bien, de tres metros de altura, pero los que quedaron inconclusos, apenas alcanzan el metro. Es por ahí, por donde desborda la correntada. Además, los contratistas dejaron dos alcantarillas sin compuertas, por lo que el agua ingresó fácilmente”, dijo.

En el recinto Estrella II David, Vera caminaba con el agua hasta el pecho. Hace siete meses compró una casa en el sector. “Me dijeron que en invierno había agua pero no pensé que tanta”.

En otro sector, en el ingreso a las Cañas, Marjorie Peralta lavaba ropa junto a un enorme charco de agua lodosa. Trataba de limpiar lo que la creciente ensució. Cerca de su casa los cultivos fueron arrasados por la corriente.

Ella se quejaba de que ninguna autoridad se ha hecho presente para conocer sus necesidades y ver qué tipo de ayuda requieren. Su esposo vive de la agricultura pero perdió todo.

La Escuela nro. 6 del recinto Tres Cerritos, en El Mango, fue establecida provisionalmente como albergue en caso de tener que evacuar a personas afectadas.

Las cerca de 100 familias que fueron evacuadas la tarde del domingo, y ubicadas temporalmente en carpas en Puerto Inca, ayer volvieron a sus casas. El nivel del agua no ha descendido totalmente, por ese se pidió precaución.

Redacción Sierra Centro
ambato@elcomercio.com

María Robayo no quiere regresar a la comunidad Chin Chin, ubicada en Baños. La mujer, de 70 años, dice que tiene miedo.

“Luego del aluvión del miércoles, tengo pesadillas. Las autoridades anunciaron que nos reubicarán cerca del lugar donde ocurrió la tragedia. Eso es peligroso. Quiero irme a otro sitio”, sostiene la campesina mientras mira con tristeza las viviendas y los huertos destrozados.

Según un informe de la Secretaría Técnica de Gestión de Riegos, el aluvión afectó a 51 familias y destruyó 14 viviendas y una hostería. Robayo se quedó sin casa.

“Todo se destruyó. Duermo en un cuartito prestado por los vecinos de la comunidad La Merced”. Pide que el Municipio compre un terreno en una zona distante de Chin Chin, para que el Ministerio de Desarrollo Urbano y Vivienda construya las casas.

El ministro, Walter Solís, realizó un recorrido con el alcalde de Baños, Hugo Pineda, el viernes pasado. Durante la vista se estableció que el Cabildo tiene 180 días para adquirir los terrenos.

Ayer, Cecilia Guevara, presidenta del Patronato Municipal de Baños, donó a Robayo una funda con ropa. Desde el jueves último, en la comuna La Merced funciona un comedor comunitario.

En grandes estantes se guardan las fundas con arroz, azúcar, fideo, aceite, atún y otros productos donados por los habitantes de Baños. En ese lugar comen a diario 160 pobladores de Chin Chin.

El fin de semana, Robayo conversó con el alcalde Pineda. Insistió en que no compre los terrenos en el pueblo. “No queremos vivir en el mismo sitio, debe ser un lugar seguro, por favor”.

Al respecto, Pineda explica que se realizará una reunión con los afectados para que sugieran los lugares para adquirir los terrenos. “Hay una zona en Chin Chin que no fue afectada. Pero la gente tendrá la última palabra”.

El Cabildo compró 1 200 m de tubería para la reconstrucción del sistema de agua potable. En esta semana se instalarán dos baterías sanitarias en La Merced.
Hugo Razo, otro de los afectados, señala que los técnicos del Municipio de Baños y del Ministerio de Transporte y Obras Públicas deben realizar un estudio técnico en la zona.
“Con el informe final conoceremos si es factible o no vivir en Chin Chin. Nos deben llevar a un lugar seguro. Las tierras del pueblo deben usarse para la agricultura. Nada más”.
El criterio de Razo también es apoyado por Mesías Saquinga. El agricultor señala que no quiere retornar al pueblo donde nació hace 40 años. “Los vecinos tienen miedo, todos estamos atemorizados con lo ocurrido”.
Saquinga duerme en un colchón, que el jueves pasado le entregó la Unidad Técnica de Gestión de Riesgos de Tungurahua. En un pequeño cuarto, ubicado en La Merced, vive con otras seis personas.
En otra habitación están Margarita Villafuerte y su hija Sandra. “La crecida del río Chin Chin me arrastró pocos metros. Gracias a Dios estoy viva. Pero me duele todo el cuerpo y no tengo dinero para ir al médico”.
La mujer permanece recostada a la espera que los médicos del Ministerio de Salud lleguen al lugar. “Necesitamos ayuda psicológica. Los niños y adultos estamos asustados, en la noche muchos no podemos dormir”.
Villafuerte, de 45 años, tampoco está de acuerdo con retornar a Chin Chin. Por esta razón, señala que el Municipio debe buscar un lugar en otra parroquia para que las familias sean reubicadas.

“Todos nos quedamos pasmados. Los sujetos portaban cuchillos y no les importó que la gente los mirara. El atraco duró un minuto y después se marcharon como si nada”, dice este empleado de un restaurante.

A pesar de que la Policía no estuvo allí, en la Jefatura de Operaciones del Comando Provincial de Imbabura Nº 12, este y otros delitos ya son parte de un mapa georreferencial. Este recurso tecnológico se puso en marcha en 2007 y mejorará este año.

En un computador, el mapa georreferencial de Imbabura se despliega en diversos colores. Cada color significa un cantón, una parroquia o un barrio.
Con solo ubicar el cursor y pulsar la tecla enter , los responsables de la Jefatura de Operaciones saben cuáles son los delitos más recurrentes. De ese modo, ellos planifican los operativos de seguridad.

“Primero hacemos la labor de inteligencia con agentes vestidos de civil. Luego se analizan los datos de campo y después se planifican y aplican los operativos policiales. En las próximas semanas contaremos con las cifras aproximadas de los delitos por sector”, dice el oficial a cargo que no autorizó revelar su nombre.

En el mapa georreferencial, Ibarra está dividida en cuatro zonas: comercial, aeropuerto, Caranqui y Yahuarcocha. Cada zona está a cargo de un jefe policial (con rango de mayor o teniente coronel), cinco oficiales de apoyo y entre 70 y 80 policías apoyados con motos y patrulleros.

Las 23 unidades de Policía Comunitaria (UPC) son parte también de estas circunscripciones territoriales de seguridad. La zona comercial va desde el estadio Olímpico hasta la Teodoro Gómez de la Torre. Según la Policía, este sector se caracteriza por los asaltos a personas y los escándalos públicos, pues allí funcionan la mayoría de bares, discotecas y karaokes.

“En esta ciudad todavía no se fija la zona rosa, donde deberían funcionar este tipo de diversiones nocturnas. Tres negocios se cerraron porque no cumplían con las recomendaciones técnicas, pero se mantienen 18 locales en el centro. Los propietarios deben atender hasta las 03:00 y cuidar que no ocurran escándalos públicos”, dice Ricardo Rosales, intendente de Policía de Imbabura.

Durante 2009, en la Intendencia de Policía se presentaron 1 352 partes policiales por contravenciones de hurto, robo, escándalos públicos, agresiones físicas, entre otros. “La mayoría de agresiones ocurre en la madrugada. Cada persona también debe ser responsable de su seguridad”, señala Rosales.

La zona del aeropuerto se extiende desde la línea férrea, la Cristóbal de Troya, Pilanquí, El Ejido de Ibarra, Pugacho Alto, Pugacho Bajo, El Milagro y otros. La zona de Caranqui abarca los sectores de Yacucalle, Colegio Teodoro Gómez, Los Ceibos, Caranqui, Bola Amarilla y la zona alta de la 19 de Enero.

En esos sitios se registran asaltos a domicilios, agresiones físicas y violencia intrafamiliar. También es frecuente el consumo de licor en la vía pública, especialmente en las calles Salinas, Teodoro Gómez, Atahualpa y El Retorno.

“No se puede caminar tranquilo por ese sector pasadas las 22:00, los fines de semana. Los borrachos ocupan las aceras y el ruido de la música de los parlantes de los carros molesta a todos”, refiere Elizabeth Cruz, del populoso barrio de Los Ceibos.

La zona de Yahuarcocha la integran los sectores La Victoria, El Arcángel, El Priorato, los clubes nocturnos, Azaya y Alpachaca. Es uno de los sectores más conflictivos y peligrosos, según la Policía, por la venta continua de drogas, los asaltos, escándalos públicos e incluso asesinatos.

Luis Quito, presidente de la Junta Parroquial de El Priorato, considera que su sector necesita más control y seguridad. “Prácticamente la zona rosa se ha trasladado a nuestro territorio”.

Y añade: “A un costado de la Panamericana Norte funcionan cuatro clubes nocturnos que han generado inseguridad para los
8 750 habitantes de los 11 barrios. Este año proponemos instalar las alarmas comunitarias para detener los robos y los asaltos”.

En la Municipalidad ibarreña, la seguridad es un tema que también entrará en la planificación de este año. Según Wilmer Taboada, presidente de la comisión de Obras Públicas y Planificación, el crecimiento urbano de la capital provincial no tiene orden.

“Estamos en un proceso de reordenamiento y regulación de determinados lugares. El tema de la zona rosa debe ser tratado con responsabilidad y con criterios técnicos. Toda ciudad debe tener sitios sanos de distracción sin afectar a los vecinos y visitantes. Ese es nuestro trabajo y este año habrá resultados”, detalla Taboada.

Entre tanto, Francisco Núñez sabe que la única forma de protegerse es evitar las zonas conflictivas, especialmente durante las noches y las madrugadas.