Unos 600 estudiantes de 20 colegios de la capital azuaya (distribuidos por zonas) recorren la ciudad, para constatar si las familias cumplen con el reciclaje de desechos.

Cuando comprueban la infracción, un funcionario de la Empresa Municipal de Aseo de Cuenca (EMAC) emite boletas a los culpables. Allí advierten y citan a una comparecencia.

En el juzgamiento informan al infractor sobre su error, la multa que debe pagar y cómo se clasifica la basura. En caso de reincidencia, el citado debe pagar USD 20 por no separar los desechos y USD 100, por lanzar fundas con desechos desde casas o edificios.

“Esos valores podrían aumentarán si hay una segunda reincidencia”, dice el gerente de la EMAC, Diego Andrade. Desde la semana pasada, la entidad extendió 3 000 boletas de advertencia, como parte de la campaña de socialización del reciclaje.

Aún no hay multados por esa infracción, pero sí por otras como de dejar desechos en zonas prohibidos. José Chiqui canceló USD 20 por botar la basura en la avenida 24 de Mayo y calle Puyo.

Vicente Farfán pagó USD 60, por depositar escombros en la margen del río Tomebamba. Sus juzgamientos se basaron en una ordenanza que regula y controla la disposición de los desechos y que rige desde abril del 2000, pero se aplica a medias.

“Por ello, no se recicla y las cifras lo confirman”, dice Andrade. Solo ocho de las 385 toneladas de basura que genera al día la urbe son de material reciclado. Es el mismo porcentaje (2%) del 2004, cuando se inició la campaña sobre el manejo de la basura.

Según Andrade, desde la semana pasada, con las citaciones, el porcentaje subió a 10 toneladas. Ese material se distribuye entre las dos asociaciones existentes en Cuenca, para su comercialización. La idea es llegar a 30 toneladas hasta finales de año.

Según Gissela Zhingri y Galo Chimbo, alumnos del colegio Antonio Ávila, la mayoría desconoce el proceso. En sus visitas, ellos hablan sobre la importancia del reciclaje para conservar el ambiente y advierten a las familias sobre la vigencia de las multas.

Los estudiantes retornan a la siguiente semana al sector donde se entregaron las boletas de comparecencia preventiva, para constatar si hay un cambio de actitud. El dinero que se genere por las multas se reinvertirá en el arreglo de parterres y espacios verdes.

El viento sopla fuerte en el páramo de Cayambe. Es temprano y Salomón Ulcuango llega al desolado campamento de la empresa Andrade Gutiérrez, en la comuna El Chaupi.

Las máquinas, que hace ocho años acarreaban tierra y material pétreo, ahora están oxidadas y a la intemperie. Los rótulos están cubiertos de polvo y ya casi no se lee la información que contienen.

El campamento se cerró a inicios del 2002. La empresa pretendía abrir en la montaña un túnel de 5 km, para conectar a Chaupi con la laguna San Marcos. El fin: extraer agua para abastecer al canal de riego Cayambe-Tabacundo y al proyecto de agua potable Pesillo-Imbabura.

La obra se paralizó, a pesar de que el Gobierno Provincial de Pichincha entregó USD 76 millones. Según un informe levantado por la Secretaría Nacional del Agua, los trabajos registraron un avance de entre el 30% y el 45%, a pesar de que fue cancelada en su totalidad. La entidad presentó un informe sobre el estado del proyecto a la Presidencia.

Ulcuango, presidente de la comuna El Chaupi, dice que están afectadas 160 comunidades rurales de Imbabura y de Pichincha. “En esta zona, la escasez de agua para riego y para consumo humano se agrava cada año”.

La construcción del proyecto de riego Tabacundo-Cayambe empezó en 1998. Se pretendía regar 130 000 hectáreas en nueve parroquias de ambos cantones. Con obras complementarias, se planificaba dotar de agua potable a unos 450 000 pobladores.

De acuerdo con el contrato, la obra debía inaugurarse en el 2002. Un informe levantado por técnicos de la Prefectura de Pichincha, en los estudios no se tomaron en cuenta problemas de ingeniería y ambientales.

En agosto del año pasado, el presidente Rafael Correa se comprometió asignar USD 80 millones para concluir el proyecto, en un plazo de 36 meses.

El alcalde de Cayambe, Diego Bonifaz, uno de los impulsores del proyecto regional, reconoce que hasta el momento no hay financiamiento para los trabajos. “Vamos a esperar hasta el 15 de abril y si esa realidad no cambia, convocaré a una asamblea cantonal para tomar decisiones”.

Ulcuango pasa con frecuencia por el abandonado campamento. Lo hace para llegar a las fincas donde trabaja. “Me indigna ver cómo se derrocha la plata del pueblo. Hay que hacer algo”.

Con esa opinión coincide Gonzalo Cabascango, presidente del Consejo de Juntas del Proyecto Pesillo-Imbabura. Para él, luego de 12 años de espera, una alternativa es movilizar a los indígenas hacia Quito. “Desde hace un año hemos pedido hablar con el presidente Correa”.

El 17 de septiembre del 2007, el vicepresidente Lenin Moreno, firmó un acta de compromiso con los representantes de las comunidades beneficiarias. En el documento se estableció que el proyecto era una prioridad nacional y de ejecución urgente.

En esta fábrica de pijamas y ropa casual, donde laboran 80 personas, hay un comité central y subcomités de evacuación, contra incendios y de primeros auxilios. A Carlozama, que pertenece al último grupo, esta experiencia le ha servido para conocer cómo actuar en caso de un accidente laboral, por ejemplo. Está capacitada para hacer un torniquete y entablillar un hueso roto, hasta que llegue un médico.

Fernando Benalcázar, propietario de Panda, comenta que crear un ambiente de trabajo sano y seguro es parte del proceso de modernización de la planta.

Recuerda que en los primeros años, la mayoría de industrias de Atuntaqui iniciaron en las salas de las casas, como negocios familiares. Sin embargo, con el tiempo hubo necesidad de ampliar las fábricas. Panda confió su diseño a expertos en construcción, que le sugirieron levantar galpones amplios, protegidos con una estructura metálica y sobre las bases de hormigón. La infraestructura se construyó en el 2002. “No hemos tenido mayores sustos”.

En el cantón Atuntaqui, en donde funcionan más de 280 fábricas textiles, no hay una ordenanza específica que obligue a realizar construcciones sismorresistentes. En los últimos años, las plantas han mejorado su infraestructura, direccionadas por la necesidad de mayores espacios y por cumplir con las normas industriales.

Este es el caso de las empresas Anitex, Toitex y Dennis. La seguridad industrial es controlada principalmente por el Ministerio de Trabajo, el Departamento de Prevención de Riesgos del IESS y el Cuerpo de Bomberos.

En ninguna de las tres hay planes para hacer frente a los desastres naturales. Tampoco se han integrado brigadas. Las amenazas más comunes en la industria textil son los incendios y accidentes por uso de productos químicos y máquinas.

Miguel Erazo visita con frecuencia las fábricas. Él compra prendas de vestir para vender en el centro del país. Luego del terremoto en Chile, se preocupó por su seguridad. “No sabría qué hacer si me coge un sismo en la planta”.

El Arenal está ubicado en la ribera del río Esmeraldas, junto al destacamento de la Armada. El asentamiento se levantó sobre un relleno, por eso es considerado vulnerable ante un tsunami.

En este sector y en los barrios vecinos, Bellavista Norte y Nueva Esperanza Norte, se capacita a los pobladores en prevención de riesgos. La organización de ayuda humanitaria Oxfam, con financiamiento de la Comunidad Europea, ejecuta el proyecto desde agosto del 2009.

El proceso es liderado por las mujeres, en su mayoría amas de casa. En El Arenal se han conformado cuatro brigadas de respuesta: incendio, evacuación, primeros auxilios y comunicación.

Los integrantes se reúnen todos los miércoles y para inicios del próximo mes esperan realizar un nuevo simulacro.

En los próximos días, los técnicos iniciarán con la instalación de señalética en las rutas de evacuación establecidas. Además, determinarán sitios seguros y distribuirán material informativo. Se colocarán, al menos, dos sirenas de alto impacto.

“Después de escuchar la alarma, nosotros debemos avanzar por la calle Plinio Palominio y encontrarnos todos en la Catedral Cristo Rey”, comenta Cecilia Berduga, otra vecina del barrio.

Elba Chasing tiene claro lo que tiene que hacer si hay un desastre natural. “Lo primero es ayudar a salir de las casas a los niños y a las personas con capacidades especiales. Ellos tienen prioridad”.

En el barrio El Arenal, el 80% de los miembros de las 336 familias no tiene empleo fijo. Hay 112 casas, todas levantadas sin la adecuada dirección técnica.

Redacción Esmeraldas

Durante la segunda semana de marzo se registró, en la Costa ecuatoriana, la formación de oleajes intensos, producidos por vientos del Pacífico sur. El fenómeno se presentó con olas de 2 y 3 metros de altura, los días 9 y 10 de marzo. La alerta la dio el Instituto Oceanográfico de la Armada (Inocar).

El fin era prevenir a los bañistas y a los vecinos de los balnearios sobre la alteración en el comportamiento del mar. Este Instituto aplicará un plan de prevención en zonas vulnerables de la Costa. En Esmeraldas se capacitará a la población sobre planes de evacuación y alerta temprana. El trabajo comenzará en dos meses. Además, se elaboran los mapas de riesgos por inundaciones, los niveles de las playas e irregularidades del perfil costanero.

Estos estudios son claves para diseñar un modelo de prevención. Patricio Goyes, director del Inocar, dijo que Esmeraldas es la provincia más amenazada y vulnerable. La razón: la zona más poblada se asienta en áreas susceptibles a inundaciones, como la desembocadura del río Esmeraldas. “Solo para poner un ejemplo, Guayaquil es más segura porque está a 50 millas de la boca del Golfo. Esmeraldas, en cambio, está a la entrada del río”, explicó Goyes.

De acuerdo con un estudio realizado por Cooperazione Internazionale y Oxfam, todos los balnearios situados junto a la playa de Esmeraldas, Manabí y Santa Elena son considerados de alto riesgo frente a la amenaza del mar (ver infografía). Eso, por la exposición de la población, por la infraestructura de las casas y por la falta de planes de prevención, principalmente.

En el documento, además, se especifican los daños que podría causar un fenómeno natural en estas poblaciones. Como parte de la prevención frente a los desastres naturales, Inocar planteó un sistema de información para la población. El asambleísta Rolando Panchana acogió la iniciativa y convocó, el pasado martes, a los representantes de las tres empresas de telefonía celular (Alegro, Movistar y Porta), para establecer un convenio interinstitucional.

La cita se realizó en la Asamblea. Mañana habrá otro encuentro para establecer los requerimientos técnicos. También los protocolos técnicos para que el sistema de información sea efectivo y seguro, mientras dure la emergencia en el país. Marlene Ayoví vive en Rioverde (Esmeraldas). Ella está de acuerdo con la prevención, pero siempre que se pase de las palabras a los hechos.

“Los aguajes de diciembre pasado destruyeron al malecón y afectaron a varias casas. Pedimos la construcción de un muro y hasta el momento no han empezado los trabajos”. En Muisne, Posorja y Jaramijó, luego del tsunami en Chile, la población ha empezado a pedir capacitación a los socorristas, para saber cómo actuar frente a un fenómeno natural.

Esmeraldas

Muisne, sin un plan de prevención

Redacción Esmeraldas

Nada podríamos hacer frente a un tsunami”, dice con resignación Melissa Espinoza, en su restaurante. Ella vive en la playa de Muisne. En este sector de la isla habitan 70 familias, que administran restaurantes y pequeños hoteles.

Ella sabe que si habría un tsunami no alcanzaría a llegar a un sitio seguro, donde no golpee el agua. El único transporte popular en la isla es la tricimoto. Tarda unos siete minutos en llegar al muelle, desde allí se requiere un tiempo similar para cruzar en lancha el río. En esta población habitan unas 10 000 personas.

En caso de una emergencia, hay 60 embarcaciones con capacidad para 20 personas cada una y una gabarra que puede transportar hasta tres vehículos livianos. Pueblo Nuevo es el sitio más alto de la isla y está a 3 kilómetros de distancia. Espinoza cree que se armaría un caos.

Por eso, el chofer de una tricimoto, Pedro Proaño, se queja por la falta de información. “Nadie sabe qué hacer. Cuando hay aguajes, solo los marinos nos avisan”. Para el jubilado Julio Bone, de 67 años, es necesario que se construya un puente. Esa sería una opción para salir rápido de la isla. El alcalde Ángel Bernal reconoce que no tienen un equipo de socorro,
ni planes de prevención o evacuación. Para él, es prioritario construir el puente y lo planteó al Gobierno, luego de que se conocieron los destrozos que dejó el tsunami en Chile.

Elena Bastidas, coordinadora de la Defensa Civil local, informa que recién hace pocos días se prepara un plan de contingencia para fijar las rutas de evacuación. La isla de Muisne tiene 20 km². Es un balneario que es visitado por un promedio de 200 turistas al día, durante los feriados. El cantón tiene otras poblaciones en riesgo como Mompiche, Chamanga, Cabo de San Francisco, Galera y Estero de Plátano, por estar cerca del mar.

Manabí

La capacitación aún se planifica

Redacción Manta

Los 400 000 habitantes de los nueve cantones manabitas, ubicados frente al mar, están preocupados. Las causas son el tsunami registrado en Chile y el temblor que ocurrió hace 13 días en el sur de la provincia, con epicentro en la isla de La Plata.

“La ciudadanía está más atenta a los riesgos que pueden ocasionar esos fenómenos naturales”, dice Roque Mendoza, coordinador de la Secretaria de Gestión de Riesgo (SGR) de Manabí. Por ello, se realizan charlas en las poblaciones ubicadas en los 350 kilómetros de playa de manabita.

“En Manabí, de acuerdo con los mapas de riesgo, hay 24 poblaciones altamente vulnerables a maremotos y tsunamis”, agrega Mendoza. Por eso, se trabaja en sobrevivencia
y evacuación. Al mediodía de ayer, los técnicos de la SGR se reunieron con habitantes del cantón Jaramijó. La idea fue sensibilizar a los moradores de los sectores La Isla, Peñón
del Diablo y Balsamaragua sobre el peligro al cual están expuestos.

Así lo informó Jessenia Vélez, funcionaria de la Municipalidad. Manuel Delgado vive desde hace 30 años en el barrio La Isla. Asegura que en 20 años subió el nivel del mar y se llevó más de 300 metros de tierra.

En el sur de Manta, en el enclave marino San Lorenzo, los residentes pidieron la presencia de los bomberos. Según su comandante, Sofonías Rezavala, las personas que viven junto al mar están alarmadas por su ubicación, tras el tsunami de Chile.

Fabián Moreta tiene su casa a 20 metros de la playa. “Queremos saber qué hacer en caso de que llegue una ola gigante. También que nos enseñen las técnicas para salir de las casas, primeros auxilios y la colaboración”.

El próximo fin de semana se realizará un simulacro de evacuación. Se prevé la participación de unas 30 familias. “Después de 15 días se hará contoda la población de San Lorenzo”, dice Rezavala.

Guayas

En Posorja piden más información

Redacción Guayaquil

Las pequeñas embarcaciones están ancladas en el muelle de Posorja. A pocos metros, unas 60 personas, algunas paradas y otras sentadas, esperaban en el malecón de esta parroquia rural del cantón Guayaquil.

El martes pasado, a las 09:00, unos hombres, mujeres y niños abordaron una lancha que les trasladó hasta sus comunidades ubicadas en el oeste de la isla Puná. Con solo levantar la mirada hacia el océano Pacífico se ve parte de esta masa de tierra (919 km²), en el golfo de Guayaquil.

Francisco Corral, vicepresidente de la comuna Canchiche, una de las cuatro que hay en el oeste de la isla, deja un momento la conversación con sus amigos de Posorja. Es para hablar de un tema que, tras el tsunami en Chile, se puso en vigencia en Ecuador: la amenaza del mar.

Cuenta que sería bueno que las autoridades involucradas en las áreas de riesgos y prevención informen a la población, de Posorja y de Puná, sobre lo que se debe hacer en caso de un tsunami o de otro evento. Por ejemplo, dice que él no sabe a quién llamar para dar las alertas.

Cerca del malecón hay un local donde se almacena pescado. Su propietario, Jorge Adum, quien fue presidente de los pescadores de esta parroquia, cuenta que personal del Programa de Manejo de Recursos Costeros daba charlas de vez en cuando. “Sería necesario retomarlas, pero con más frecuencia”. Él recuerda que le dijeron que Posorja es un sitio que no sufriría impacto en caso de tsunami. “Nos mostraron un mapa en el que nuestra parroquia estaba con un color verde, que significaba menos peligro”.

Para Luis Núñez, presidente de la Junta Parroquial, la presencia de la isla Puná constituye una gran barrera para la población. Sin embargo, reconoció que se requiere más presencia de organismos nacionales para hacer prevención y capacitación. Una opinión similar tiene Domingo Cruz, dirigente de Las Cruces.

Redacción Sierra Centro

La casa de Silvia Pillajo está hecha conhormigón y bloque. Es de un solo piso y se encuentra en el barrio 10 de Agosto, de la parroquia Picaihua. En este pueblo, ubicado a 20 minutos del centro de Ambato, las calles son polvorientas y hay cultivos de maíz y papa.

Pillajo, quien está casada y tiene dos hijos, se dedica a confeccionar zapatos. Solicitó un crédito de USD10 000 en una cooperativa, para construir una casa, de 120 m². No contrató a un arquitecto para que diseñe los planos y dirija la obra. “Para abaratar los costos le pagué a un maestro albañil. Pero estoy preocupada con esto de los terremotos. No sé si mi casa resistirá un sismo”.

La artesana dice que sus vecinos también edifican sin planos. “En la tienda escuché que en el terremoto de Ambato los cerros que rodean a este pueblo se desmoronaron. Qué miedo!”.
El 5 de agosto de 1949, la tierra tembló en la capital de Tungurahua. Según datos del Municipio, murieron 6 000 personas y 50 poblaciones fueron afectadas. Delia Silva tiene 74 años y era una adolescente cuando ocurrió la tragedia. “Fue un viernes. El primer sacudón fue a las 14:05. Me acuerdo clarito. Salí corriendo a la calle. Luego vino otro temblor.

Escuché un ruido feo. Las casas del centro se caían y la gente no sabía qué hacer. Corríamos despavoridos, desesperados”. Alejandro Tubón, de 77 años, cuenta que se cavaron fosas para enterrar a los muertos. “El rescate de las víctimas fue un trabajo duro y doloroso que conmovió al país y al mundo. Es inolvidable”. Dos años después del terremoto,
las autoridades aprobaron el Plan Regulador de Ambato, para prohibir que se levanten casas en las laderas y exigir que todas las edificaciones sean diseñadas por profesionales.

Mariana Ortiz, directora de Planificación del Municipio, reconoce que las disposiciones no se cumplen. Detalla que más del 50% de las casas ubicadas en las parroquias rurales y en las periferias no tienen planos. “Fueron edificadas en zonas donde hay deslizamientos y sin el control de un técnico”. El último censo indica que en las 18 parroquias rurales hay 29 718 viviendas.

Hay cinco inspectores para controlar todos los edificios que se levantan en la urbe. “La gente debe hacer conciencia sobre el peligro de tener una casa insegura”.

Un Plan que no se cumple en la urbe

Redacción Sierra Centro

En 1951, dos años después del terremoto, el Municipio de Ambato estableció que solo se podían construir edificios de hasta cinco pisos, en el centro.

En 1970, se reformó y el Concejo aprobó que el número de pisos sea ilimitado. Se autorizó la construcción de edificios como el de la Mutualista Ambato y de la Asociación de Empleados. Tienen 11 y 12 pisos, respectivamente.

En 2009, el Plan de Reordenamiento Territorial estableció que los edificios altos deben construirse en zonas donde las calles tengan 20 metros
de ancho. Además, en terrenos con más de 800 m2. De acuerdo con las normas, el Cabildo obliga a presentar planos estructurales a partir del primer piso. El objetivo es que los técnicos de la construcción y los dueños garanticen una edificación de calidad y sismorre sistente.

Sin embargo, esto no se cumple. Los barrios 13 de Abril, Miraflores Alto, La Yahuira y otros sitios, donde la actividad comercial es intensa, se encuentran en laderas. También se construyen edificios altos en calles estrechas.

Redacción Sierra Centro

En los últimos días, una densa neblina cubre al volcán Tungurahua. “La Mama está tranquila”, asegura Mariana Pérez, vendedora de cañas y jugos en la terminal terrestre de Baños.

Este cantón se encuentra a 40 km de Ambato y es uno de los más turísticos de la Sierra Centro. Por sus calles sinuosas, los turistas caminan con grandes mochilas. En los alrededores de la iglesia de piedra se huele a incienso.

Pérez trabaja en la terminal desde hace 50 años. Es menuda. Tiene el cabello blanco y usa un delantal. En su puesto también oferta melcochas, mermeladas y frutas, que están apiladas sobre mesas de madera.

Rubén Castro llegó el miércoles en la mañana. Vive en El Quinche, en la provincia de Pichincha. Viajó con su esposa, sus cuatro hijos y dos cuñadas. Mientras compraba los dulces, Pérez le informó que en caso de una reactivación del volcán Tungurahua, debe viajar a Puyo.

“No hay que circular por la vía Baños-Ambato, porque es peligrosa. Allí está la quebrada Bascún y el sector Los Pájaros, por donde baja lodo, piedras y escombros del Tugurahua”.

Castro cuenta que también recibió esta información en las piscinas de La Virgen, donde las aguas termales relajan los músculos adoloridos. Un guardia le detalló que las calles 12 de Noviembre, Montalvo y la carretera Baños-Puyo, son algunas de las rutas de evacuación.

En Baños, el Comité de Operaciones de Emergencia (COE) organiza cada mes charlas sobre cómo actuar en caso de un deslave, inundación y erupción volcánica. Los simulacros se realizan una vez al año. Esto se hace luego de que en octubre de 1999, la ceniza y la expulsión de lava causó la emigración de más de 15 000 baneños.

“Cuando regresamos, juramos capacitarnos e informar a los turistas sobre las novedades del volcán. Estamos cerquita. Tenemos que aprender a convivir con el riesgo”, afirma Pérez.
Ella asistió a seis charlas y participó en tres simulacros de evacuación, convocados por el Municipio y por la Secretaría Técnica de Gestión de Riesgos. Cada año, el Cabildo invierte USD 10 000 en la organización de los talleres y en la impresión de mapas y trípticos.

En su casa también elaboró un plan familiar de evacuación. Sus dos hijos deben llevar a los abuelos al albergue del sector San Vicente, ubicado en la vía Baños-Puyo y cargar las mochilas con ropa y alimentos. Pérez está encargada de asegurar la casa. En El Aguacatal, Santa Ana, La Ciénega y en la Escuela de Policía, también hay albergues.

Xavier Mayorga, coordinador del Departamento de Seguridad Ciudadana y Riesgos del Municipio de Baños, indica que estos lugares tienen una capacidad para acoger hasta 6 000 personas. Todos están equipados con colchones, cobijas, cocinas y vajillas.

La semana pasada, el Municipio terminó la capacitación sobre prevención de riesgos, en seis escuelas, cuatro colegios y en 22 de los 36 barrios que hay en Baños. En los próximos días, se iniciará la segunda fase. Para el próximo 29 de marzo se hará un simulacro en el cual se activarán las sirenas.

Méntor Cáceres, vive en el barrio 16 de Diciembre. Él es el único sastre que hay en el sector. Tiene 65 años. En su local, donde los casimires están colgados en perchas y las paredes están cubiertas con afiches de la década de los 70, guarda su mochila que tiene una lámpara, una radio que funciona con pilas, ropa y alimentos enlatados. “Cada dos meses saco las cosas para que no se dañen. Esto lo aprendí en los cursos que organiza el Municipio”.

Cerca de este barrio, está San Vicente de la Florida. Para Rocío Sánchez, tesorera de la Directiva, lo importante durante una emergencia es mantener la calma.
“El volcán se puso otra vez bravo hace cuatro años. Pero cada familia sabía qué hacer. No tenemos miedo. Estamos preparados”.

Este año, el COE imprimió 15 000 mapas, que indican las rutas de escape, los sitios donde están los albergues y las sirenas.

2 000 se repartieron a los turistas en el feriado de Carnaval. El resto se distribuirá en los 128 hoteles, 106 restaurantes, 35 bares y 61 operadoras turísticas del cantón.

Redacción Guayaquil
guayaquil@elcomercio.com

Son las 08:45 de un día laboral corriente. Los sectores bancario y comercial del centro de Guayaquil comienzan su actividad. En las veredas el movimiento es acelerado y en las calles el tráfico se vuelve pesado. Oficinistas, ejecutivos y trabajadores empiezan a llenar los grandes edificios de la zona.

Sobre ese escenario, el proyecto Radius (Herramientas de Evaluación de Riesgos para Áreas Urbanas contra los Desastres Sísmicos) hizo la simulación de un terremoto. El objetivo era conocer qué sucedería si a esa hora se produjera un sismo de 8 grados en la escala de Richter a 200 kilómetros de Guayaquil, en dirección al Océano Pacífico.

El resultado revela una grave realidad: más de 2 000 muertos solo en el centro de Guayaquil, pérdidas sobre los USD 1 000 millones, daños y colapso de edificios, caos en la respuesta por la falta de planes de contingencia.

La lista sigue: daños en puntos críticos en los sistemas de provisión de agua potable, electricidad y telefonía; el 75% de hospitales sin posibilidad operativa.

En noviembre de 2009, el Cuerpo de Bomberos de Guayaquil y la Oficina de Asistencia para los Desastres en el Exterior del Gobierno de Estados Unidos realizaron un simulacro con unos

4 000 rescatistas ante un eventual terremoto de seis grados en la ciudad. La meta era atender las emergencias en un lapso de siete minutos. Accidentes de tránsito, colapso de edificios, incendios fueron algunas de las urgencias.

Varias entidades participaron, pero el resultado fue parcial. Polo Terán, segundo jefe del Cuerpo de Bomberos, asegura que hizo falta coordinación. “Ante eventos como los de Chile, Haití o Turquía, no estamos preparados”.

Por eso Terán sugiere que se defina un plan específico con mapas de ubicación de posibles albergues, áreas de atención hospitalaria, así como las zonas más vulnerables de la urbe.
Según el análisis de Radius, el área de mayor riesgo es el centro de Guayaquil. Esto por varias razones. La diferencia de altura entre edificios colindantes es una.

Uno de los posibles riesgos en caso de un movimiento fuerte es que las losas de los edificios más bajos fracturen los pilares de los más altos. Otro problema se dan por el tipo de suelo. Un estudio de la Unidad de Prevención de Desastres del Cabildo señala que gran parte del centro está asentado sobre arcillas blandas, de entre tres y 30 metros de profundidad.

La mayor parte de las edificaciones mixtas (que combinan estructuras de madera y paredes de ladrillo o bloque) se ubica en esta zona. Muchas tienen más de 40 años y su estructura está muy deteriorada. Se calcula que hay más de 200 edificios de este tipo en el centro de Guayaquil.

Para José Centeno, presidente de la Cámara de la Construcción de Guayaquil, es necesario revisar las normas de sismorresistencia que se aplican. Estas normas se usan en países como EE.UU. y México y van desde los estudios de suelo y diseño estructural hasta el refuerzo de columnas. Según Centeno, esa regulación se utiliza en la ciudad desde hace 30 años, pero debe ser actualizada

Bolívar Sandoval, director de la Unidad de Desastres del Municipio de Guayaquil, explica que en esta semana el Cabildo analizará una ordenanza para determinar normas de construcción según los tipos de suelo de la ciudad.

Centeno recomienda que se incluyan normas para revisar los edificios antiguos. En las edificaciones informales, construidas sin estudios de suelo y estructura, el peligro aumenta. Según estudios, cerca del 50% de las casas con más de tres pisos, y que están en zonas como el Suburbio, se construyeron sin planificación.

Mientras que las casas de caña y madera, ubicadas en los cerros del noroeste de Guayaquil, sufrirían graves daños a causa de los deslizamientos de tierra.

Según Paúl Sánchez, de la Secretaría Técnica de Gestión de Riesgos, la base de datos para conocer la real situación sísmica de Guayaquil se está actualizando.