La autoridad electoral de Ecuador recibió 369 postulaciones para integrar el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, órgano principal del llamado “poder ciudadano” .

“Finalmente 369 ciudadanos presentaron postulaciones efectivas con documentos habilitantes, de éstos 296 son de iniciativa propia y 73 han sido postulados por organizaciones sociales” , informó hoy el consejero electoral Fausto Camacho.

Pese a la trascendencia del Consejo de Participación, la convocatoria no tuvo la acogida esperada.

Al inicio del proceso se hablaba de al menos 2 000 concursantes y se preinscribieron 1 253.

Este Consejo es clave en la transición institucional que vive Ecuador a raíz de la adopción de la nueva Constitución en septiembre de 2008.

El organismo deberá designar a los nuevos fiscal, contralor, procurador, superintendentes, a las propia función electoral y a otras autoridades de control.

Los funcionarios electorales explican la menor participación en el concurso por la falta de promoción del mismo.

“En mi opinión, faltó algo más, de alguna manera hacer una difusión de una serie de datos que hubieran interesado a los participantes” , señaló el vicepresidente del CNE, Carlos Cortez, en una reunión con la prensa.

Luego de un proceso de verificación de las carpetas, se prevé realizar las pruebas a los aspirantes cerca del 10 de diciembre y seleccionar a los 14 nuevos consejeros, siete titulares y siete suplentes, entre febrero y marzo, según Camacho.

La Asamblea Nacional ya conformó un Consejo de Participación transitorio.

Este elaboró el proyecto de ley para su funcionamiento y cesó en sus funciones el 8 de septiembre.

Los indígenas se quieren curar en salud y llegan a la Organización de Estados Americanos (OEA) a pedir que ésta envíe una o más veedurías a las mesas de diálogo que mantienen con el gobierno del Presidente Rafael Correa.

Desde el lado de los indígenas no fue precisamente una versión que al Gobierno podría agradarle. Marlon Santi, presidente de la Conaie, pidió a la relatoría de temas indígenas de la OEA que dé un acompañamiento a las mesas de diálogo porque sienten que “no hay respeto, que solo se quiere favorecer al lado del Gobierno y hay un proceso de hostigamiento”.

“Queremos que participen como observadores para que garanticen que el proceso de diálogo avanza con respeto hacia los indígenas. Esta semana el Presidente nos dijo que somos infantiles y que sería irresponsable no explotar esos minerales, pero resulta que esos están en territorios protegidos”, según le dijo Santi a este Diario en una conversación telefónica.

La OEA no dijo que sí al pedido del sector indígena pero ofreció analizarlo, consultarlo con Ecuador y dar una respuesta. “Ojalá que esta sea antes de que terminen los diálogos, nosotros vamos a volver a insistir en los siguientes 15 días”, dijo Santi.

Durante las intervenciones de los indígenas también participó el nuevo embajador del Ecuador ante la OEA, Francisco Proaño, este diario buscó su pronunciamiento pero hasta el envío de ésta información no fue posible; al igual que un representante de la Corte de Justicia, del Ministerio de Ambiente y de la Procuraduría.

Los indígenas temen que mesas de diálogo como las que tienen que ver con lo derechos indígenas, minería, biodiversidad y ambiente se puedan romper y que el Gobierno los acuse a ellos de una posible ruptura. Por eso es que piden la presencia de la OEA.

Holger Cisneros, presidente de la comunidad Sarayacu, también asistió a esas reuniones en la OEA y su pedido formal fue que “ya es hora de que nos den una respuesta a la denuncia que plantearon en el 2004 en la Comisión Interamericana sobre los atropellos de la petrolera Burlington, con ayuda del gobierno ecuatoriano, según su versión.

El mensaje que Cisneros llevará a su comunidad es que la Comisionada de la Comisión Interamericana “textualmente nos dijo que ella va a dejar cerrando el caso Sarayacu en estos meses”.

Según él, al parecer “el gobierno ecuatoriano ha mandado informes donde dicen que están cumpliendo con las medidas provisionales, pero eso no es tan cierto”.

Los indígenas no solo golpearon las puertas de la OEA para denunciar lo que ellos llaman el “irrespeto del Estado ecuatoriano”, también según informó Andrew Miller de Amazon Watch, tuvieron una cita con los asesores del congresista James McGovern, vicepresidente de la Comisión de Derechos Humanos del Congreso, Tom Lantos.
“A ellos también les vamos a decir lo que está pasando con el tema indígena en Ecuador, porque lo que les pasa a los indígenas ecuatorianos también pasa en Colombia y Perú. Esos gobiernos pese a tener políticas distintas utilizan los mismos patrones de irrespeto a los pueblos nativos”, dijo Miller.

Aprovechando que la pasada semana varias organizaciones indígenas de EE.UU. se reunieron en Washington con el presidente Barack Obama, los dirigentes ecuatorianos se reunieron con esas agrupaciones para compartir experiencias en su lucha común que es exigir respeto.

Redacción Política

La obligación de los periodistas de emitir información veraz y verificada, conocida como la responsabilidad ulterior, se convirtió en el punto de choque entre los legisladores que redactan el proyecto de la nueva ley de Comunicación.

El miércoles se rompió la armonía que había nacido al interior de la Comisión, que logró aprobar los primeros nueve artículos de la ley por unanimidad.

Cuando se planteó el texto de la responsabilidad ulterior, con los aportes del editorialista de diario Expreso, Javier Zabala Egas, miembro del equipo consultor de la Comisión, el debate se cortó de tajo y se suspendió por un día.

El asambleísta de oposición, César Montúfar, aseguró que detrás de ese principio había la posibilidad de coartar el derecho a la libertad de expresión. Por eso, preparó una nueva propuesta para la reunión de ayer.

A las 15:05, los asambleístas se reunieron para salir del bache en la redacción de la ley. El debate sobre la responsabilidad ulterior atrajo toda la atención.

Montúfar pretendía que se respete lo que señala la Convención Americana de DD.HH. sobre este tema. Es decir, que la responsabilidad ulterior solo se aplique para información que cause daño moral, conmoción social, que altere el orden o la salud pública.

Su idea fue discutida y aceptada por sus colegas. Lo que no estaba en debate era la posibilidad de obviar este principio. Los miembros de Alianza País no conciben el ejercicio periodístico sin el concepto de la responsabilidad. Betty Carrillo, presidenta de la Comisión e integrante de ese bloque, asegura que debe ser “obligatorio” para todos los comunicadores sociales. Es decir, que sean responsables de la información y opinión que difunden.

Una hora después, los legisladores pulieron el texto con las observaciones y propusieron que la responsabilidad ulterior en el “ejercicio de los derechos de comunicación no estará sujeta a censura previa, salvo los casos señalados en la Constitución, los tratados internacionales y la ley; al igual que responsabilidad ulterior por la vulneración de estos derechos”.

10 asambleístas, incluso los de oposición, respaldaron el principio. Solo María A. Calle no votó a favor. Ella quería que se señale explícitamente que la información debe ser veraz y verificada. Sin embargo, esas características y otras están en la Constitución.

Para el director de Fundamedios, César Ricaurte, quien antes de la cita de la Comisión emitió su criterio, la veracidad y verificación de una información deben ser concebidas como recomendaciones y no obligaciones, porque llevaría a un velada censura.

La responsabilidad ulterior, que es parte del capítulo de los principios generales de la ley, será clave para una regulación a los medios que impulsa el Gobierno.

Carrillo no esconde lo que seguirá en el debate. Los medios de información serán responsables “administrativamente” de la información errada o falsa que emitan. “Deben entregar información verificada y veraz. No basarse en rumores y si alguien les dice que es de noche deben comprobarlo”.

Ella sostiene que la vulneración de la responsabilidad deberá ser castigada por un órgano regulador e independiente de otro tipo de acciones judiciales que planteen los perjudicados.

Esas sanciones administrativas pueden ir desde la amonestación hasta el cierre de un medio, luego de un proceso especial que se efectúe para el caso.

Para el especialista en Derecho Penal, Fernando Casares, la promulgación del principio de responsabilidad ulterior tiene errores jurídicos. “Crean como una norma exclusiva para los periodistas, pues no existe para abogados, médicos o ingenieros. Eso puede ser discriminatario”, dice.

Adicionalmente, explica Casares, no se podrán impulsar sanciones de tipo administrativas que se pretenden. Jurídicamente, estas normas solo son aplicables para leyes de segundo orden (reglamentos, manuales de procedimiento) y no en una la ley orgánica, como es la de Comunicación.

El Censo de Población y Vivienda 2010 aspira entrevistar a 14 204 900 ecuatorianos. Es el número de habitantes que, según los datos del Instituto Nacional de Estadística y Censos (INEC), tendrá el país hasta noviembre del próximo año, fecha en la que se realizará la actividad censual.

Byron Villacís, director del INEC, reconoce que este proceso ayudará al Gobierno a determinar sus acciones en las áreas más vulnerables del país. Los datos oficiales no estarán listos antes de abril de 2011.

El proceso de socialización y debate del cuestionario que se aplicará en el censo se inició ayer en la sede de la Flacso. Al auditorio acudieron académicos y personal del INEC. Ellos debatieron en cinco mesas de trabajo los diferentes ejes del cuestionario propuesto por esta entidad.

Las observaciones se evaluarán antes del 13 de diciembre, fecha en la cual se desarrollará un censo piloto. El cuestionario del INEC tiene 73 preguntas, 35,2% más que las formuladas en 200, dijo Katy Lema. El costo de la investigación del próximo año será de USD 3,09 por persona censada.