El presidente Rafael Correa, hizo ayer el lanzamiento del Plan de Incentivo Mi Primera Vivienda. Con esto, aseguró el ministro de Vivienda, Walter Solís, se beneficiará a 40 000 familias con bonos de USD 5 000, créditos a tasas y plazos preferenciales para adquisición de viviendas de hasta USD 60 000.

En el sector de El Garrochal, al sur de Quito, el Primer Mandatario, visitó el proyecto habitacional con el mismo nombre, que está a cargo de la constructora Ecoarquitectos y que forma parte del proyecto de vivienda popular.

Las casas que se ofertan en el proyecto tienen 97 m² y cuestan USD 29 000. Con el bono de la vivienda se puede financiar una parte del costo total de los inmuebles. Así las casa costará USD 24 000 (sin acabados).

Para esto, Paola Jácome, de Ecoarquitectos, dice que la constructora ayuda a obtener el bono. Para lograr esta ayuda económica se requiere que la persona tenga un ahorro del 10% de valor total del bien. Esta cantidad debe ser depositada en una institución financiera calificada por el Miduvi para postulación del bono.

El valor del bono es de USD 2 400, 3 600 ó 5 000, según el valor de la vivienda. Los interesados en esta ayuda no deben tener ningún inmueble a escala nacional.
Además del proyecto El Garrochal, los representantes de la Mutualista Pichincha, JS Arquitectos, Hábitat Ecuador, Miduvi, Ferroinmobiliaria... también exhibieron sus proyectos.

Redacción Política

Las sanciones administrativas contra los medios no tendrían un piso legal. La reflexión la realizaron el ex juez de la Corte Suprema, Fernando Casares, y el constitucionalista Alfredo Alvear.

Ambos coinciden en que en una ley orgánica, como es la de Comunicación, no se puede incluir un pliego de sanciones. Las leyes de ese tipo están dirigidas para proteger y garantizar derechos; para el funcionamiento y competencias de instituciones del Estado y para regular a partidos políticos.

Alvear asegura que el escenario legal para incluir infracciones y castigos es una ley ordinaria. En cambio, Casares sostuvo que las sanciones administrativas tienen más relaciones con violaciones de normas secundarias y no con leyes de tipo orgánico.

La presidenta de la comisión, Betty Carrillo, sostuvo que sí tienen el piso jurídico para incluir las sanciones. Ella aseguró que la ley no quiere controlar, pero debe regular el trabajo de los medios.

En ese mismo sentido, el jurista Víctor Cevallos sostuvo que no importa si la sanción administrativa nació en una ley orgánica u ordinaria. “Imagino que lo hicieron para que tenga prevalencia sobre otras normas”.

Para crear esta regulación, los legisladores crearon todo un sistema que se incluirá dentro del aparato estatal. En su cabeza está el Consejo de Comunicación, que es el encargado de emitir las sanciones administrativas.

En la conformación del Consejo también existe una trampa, advierte el asambleísta Fausto Cobo (PSP). Asegura que el Gobierno que tenga el control sobre el Consejo podrá manejar ese organismo. Según la propuesta de la comisión, esta instancia tendrá dos miembros del Ejecutivo, una de las universidades y tres de la sociedad, quienes serán elegidos por el Consejo de Participación.

Para Cobo, que haya uno o dos representantes no es el problema, pues el meollo es que el Consejo será un organismo de filtro político contra la prensa. “Es fácil darse cuenta, todas sus atribuciones son velar, decidir y resolver”.

Una de las decisiones que tomó la comisión legislativa por unanimidad fue aclarar que la ley no podrá controlar, sino regular la comunicación en el país.

Cobo y sus colegas César Montúfar y Cynthia Viteri preparaban ayer el informe de minoría. En su propuesta analizaban si se puede incluir sanciones de tipo administrativo; pero -explicó Cobo- siempre y cuando sea a funcionarios públicos o a medios públicos y no a todos, como establece la propuesta de Alianza País.

Otro punto que se propone en el proyecto legal es crear un procedimiento administrativo cuando un medio o periodista sea demandado. En la propuesta se explica que el medio tendrá 72 horas para responder contra una denuncia; luego el consejo tendrá cinco días para convocar a una audiencia y en esa misma diligencia se conocerá si el medio es sancionado o la denuncia es archivada.

Para el asambleísta de Alianza País, Rolando Panchana, existe un temor injustificado a la potestad del Consejo de Comunicación para emitir sanciones contra la prensa. “En el texto del proyecto se explica que la última decisión tendrá un juez de contencioso y administrativo”.

Mientras tanto, la asambleísta Lourdes Tibán (Pachakutik) propuso que antes de que la Ley entre en vigencia sea consultada a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. El oficialismo rechazó la insinuación.

Redacción Guayaquil

Mientras se tramita la aprobación de los artículos de la Ley de Comunicación, en la Asamblea, cuatro periodistas defendieron la libertad de expresión no como un derecho exclusivo de los medios o periodistas, sino de todos los ciudadanos.

En el panel Libertad de prensa e investigación, organizado por la Fundación El Universo, el miércoles en Guayaquil, Martha Ruiz, editora de la Revista Semana de Colombia, fue la primera en decirlo. “El papel de la prensa fue detonador”, dice la profesional, quien analizó su experiencia en el campo investigativo de su país.

A su criterio, “no es que el periodismo cambie una realidad, sino que activa los procesos de involucramiento de la ciudadanía”. Esa teoría también se reflejó en los ejemplos de investigaciones que dio el editor de Judicial de EL COMERCIO, Dimitri Barreto.

Gracias a la investigación periodística la ciudadanía conoció en 2003 la corrupción en magistrados de la Corte Suprema de Justicia, en 2005 la compra secreta de armas a Chile, este año el caso Ostaiza o las observaciones contractuales a los motores de los helicópteros Dhruv, dijo.

“La gente no los hubiera conocido si estuviera vigente el segundo inciso del art. 12 del proyecto de Ley de Comunicación”, enfatizó Barreto. El artículo garantiza la transparencia de la información de las instituciones públicas, pero exceptúa la información considerada confidencial, reservada, secreta y secretísima. “Por ejemplo, contratos de armas como el de los Dhruv, datos financieros, etc.”.

Para el paraguayo Benjamín Fernández, de la Fundación Knight, las legislaciones con limitaciones para la investigación no son más que una estrategia de distracción e intimidación. “Los enemigos de los gobiernos de turno no son los medios, sino su incompetencia”, aseguró Fernández.

Por su parte, Mónica Maruri, decana de la Facultad de Comunicación de la Universidad Espíritu Santo, cree que el trabajo investigativo debe ser impulsado por parte de los medios locales.