Se suma otra media hora. Y pasada ésta, 30 minutos. Y después una hora más… Finalmente anocheció y Carolina y su hermano José recuerdan que todavía no han hecho la tarea.

Los hermanos permanecieron más de dos horas frente a su televisor; con sus pulgares apretando apresuradamente los botones de un control remoto. Y no son los únicos, un gran porcentaje de jóvenes ecuatorianos juegan videojuegos en exceso.

Interesados en concienciar acerca del excesivo tiempo dedicado a esta actividad, el consumismo que implica y sus riesgos, los estudiantes de la Facultad de Comunicación y Artes Contemporáneas de la Universidad San Francisco de Quito realizan una campaña con el objetivo de buscar soluciones a posibles problemas de orden psicológico y social.

Para ello y tras concluir una fase de investigación en donde se aplicaron 400 encuestas a jóvenes entre 14 y 17 años en un sector de la ciudad de Quito revelaron que nueve de cada 10 jóvenes dejan de realizar actividades deportivas, académicas o familiares durante 14 horas por semana.

Según Juan Carlos Paredes, vocero y parte de este grupo estudiantil, lo más preocupante es que dentro de la dependencia, similar a una adicción, dos de cada cinco jóvenes prefieren videojuegos de guerra u otra clase de violencia.

Su proyecto incluye varias acciones para llamar la atención tanto de padres de familiares, cuanto de jóvenes para cambiar sus hábitos.

El primero fue un concurso basado en un afiche de advertencia sobre los riesgos del exceso. Este fue colocado en colegios y afuera de locales de entretenimiento y de venta de juegos de video. Paredes asegura que la gente respondió favorablemente a la idea.

Delegaciones de 194 países debatieron en Barcelona, España, la suerte de la Tierra frente al cambio climático. Aquí se pulió un borrador para llevar a la Cumbre Mundial de Copenhague, de diciembre. Pero el pedido de la mayoría de que se establezca en 40% los niveles de reducción de CO2 entrampó las negociaciones. ¿Es razonable esa exigencia?

Es muy simple. El 40% sale de unos cálculos que hicieron los científicos de la Convención de Cambio Climático. El objetivo en su artículo 2 es estabilizar las concentraciones de gases de efecto invernadero en un nivel que evite amenazas a la seguridad alimentaria y a que los sistemas naturales se adapten a los cambios y que no haya peligro para la existencia de la humanidad.

Pero ¿qué pasa si países como Estados Unidos insisten en no aceptar esta cifra?

Todas las cosas se derrumban y las consecuencias ya empezamos a verlas. Los expertos del Grupo Intergubernamental de Cambio Climático (IPCC) emitieron un informe en 2007 en el que dijeron que si los países industrializados reducen entre un 25 y 40%, el incremento sería entre 2 y 4°C. Entonces la reducción debería ser por arriba del 40%.

EE.UU. ofrece solo un 7% y la Unión Europea, 25%, ¿eso es suficiente? ¿Por qué ellos insisten en esos índices?

Claro que no es suficiente. Insisten porque temen que vaya a significar transformaciones en sus economías más allá de lo que están dispuestos a hacer. Temen incomodidades políticas y económicas. Antes del Protocolo de Kioto también temían lo mismo. Es totalmente posible que lo cumplan, solo depende de cómo manejen las inversiones. Estas en vez de ir a las industrias dañinas deben ser para las energías renovables y sistemas industriales bajos en CO2.

También acá en Barcelona se habla de que no solo se necesitan transferencias de dinero y de tecnología. ¿Qué más hace falta?

También información y sistemas para el monitoreo de las condiciones meteorológicas para anticipar los impactos del cambio climático. Países como Perú, Bolivia y Ecuador, por ejemplo, no tienen equipos de monitoreo satelital, capacitación de instituciones y maneras de organizar sistemas tecnológicos.

¿Con las negociaciones entrampadas en Barcelona, Copenhague engendrará un nuevo tratado que reemplace al de Kioto?

Tiene que haber un nuevo tratado climático. Esto no es una cosa de que si hay bien, si no igual. El clima está cambiando.

Pero ¿el nacimiento de un nuevo tratado puede empezar en Copenhague y concretarse en la reunión de México en 2010?

Lo importante es que en Copenhague, en diciembre, tengamos un acuerdo político de los países. Debe existir un entendimiento para llevarlo a un acuerdo, el cual debe ser vinculante (obligatorio y con sanciones), en el marco del derecho internacional.

Es urgente, porque si va más allá de diciembre ya no habrá tiempo para que sea ratificado y que haya seguridad de que, por ejemplo, el sector industrial pueda invertir en el mercado de carbono. Si eso no ocurre, toda la plata que se iba a energías renovables y tecnologías apropiadas irá a otro lado. Así seguirá la tendencia actual sobre el aumento de las emisiones y llegaremos a una catástrofe.

A propósito, ¿cuánto se necesita invertir para afrontar el cambio climático?

Con la comunidad civil hemos mirado las áreas de mitigación, tecnología, educación... Solo para adaptación se calcula que superaría los USD 100 000 millones cada año. Si incluimos mitigación sería USD 200 000 millones como mínimo, en cuanto a finanzas públicas y sin contar con la ayuda ya existente

¿Cuál es el momento de esa ayuda actual?

En la actualidad, los flujos de asistencia internacional llegan a USD 100 000 millones.

Y, ¿quién debe pagar esos montos anuales?

Los gobiernos más responsables, es decir, los países que causan el problema. Según los cálculos, EE.UU. y Europa, por la cantidad de sus emisiones, deben pagar el 60% del total de obligaciones internacionales. Hará falta que Japón, Australia, Canadá y otros también cumplan.

¿Hay el compromiso firme de que pongan al menos una parte?

Hasta el momento no, aunque el viernes pasado la Unión Europea se comprometió al decir que los flujos que hacen falta al sur sería hasta alrededor de USD
70 000 millones. También dijo que está dispuesta a poner su justa parte, aunque hasta ahora no lo ha hecho. Es un reto para EE.UU. que venga a Copenhague dispuesto a poner su parte.

Los países en desarrollo son los que exigen, pero ¿cuál es la responsabilidad de ellos?

Tomar medidas de adaptación, formar estrategias nacionales y planes integrados con los esfuerzos que ya están en marcha para superar la pobreza y desarrollar su economía. Los países en desarrollo como China, India y Brasil, aunque no tienen la culpa inicial, también están en a obligación, como grandes emisores, de establecer planes y marcos de cooperación para empezar a reducir sus emisiones a medida que vaya creciendo su economía.

¿Iniciativas como la Yasuní-ITT de Ecuador, que pretende dejar el crudo bajo tierra en la selva amazónica, encajan en esto?

Puede ser una buena alternativa. Para Ecuador dejar el petróleo bajo tierra tiene un costo adicional, hoy que el crudo está aumentando de precio. Por eso deben recibir un incentivo para mantener esa iniciativa.

¿Y la gente de a pie cómo debe ayudar a evitar que las emisiones de gases sigan en incremento?

Todo mundo tiene bajo su control ciertas medidas. Ahorrar agua que también es equivalente a energía; reducir el consumo de electricidad, a través de cosas simples como desenchufando el cargador del celular o de la computadora. Evitar los viajes innecesarios en auto, ir en bicicleta o a pie. Lo más importante es que cada quien presione a su Gobierno para que implemente las políticas necesarias que faltan para reglamentar el carbono.

Pero si la gente no está consciente de lo que le está pasando, ¿de quién es el papel para conseguir aquello?

La concienciación es lo primero. Para eso cada uno debe informarse, a través de campañas, en libros, en Internet y estudiar la ciencia. Toca primero entender de dónde viene este fenómeno.

"La libertad de prensa en el continente enfrenta enormes peligros por las restricciones que pretenden aplicar gobiernos autoritarios y los ataques del crimen organizado y el narcotráfico", advirtió el vicepresidente de la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP), Gonzalo Marroquín.

"Sobre el continente hay un manto de peligro que no tiene que ver con ideologías sino con gobiernos autoritarios, que pretenden perpetuarse y lo que intentan es controlar los medios de comunicación porque controlando a la opinión pública es más fácil conseguir una reelección", afirmó a dpa el ejecutivo de la SIP.

La Comisión de Libertad de Prensa de la SIP analizará la situación mañana en el marco de la 65 Asamblea General que se celebra en Buenos Aires. "Esperamos que el próximo martes tengamos resoluciones muy firmes", aseveró.

El ejecutivo de la SIP centró su atención en Venezuela, Ecuador, México, Argentina y Cuba. "Venezuela obviamente es un país donde se ha ido recreando una maraña legislativa para restringir la libertad de prensa y está muy afectado, yo diría que es el país donde el daño hecho es ya muy severo", puntualizó el director del diario "Prensa Libre" de Guatemala.

"Pero nos preocupa luego que otros países están copiando este esquema", alertó. El vicepresidente de la entidad hemisférica señaló en ese sentido que "Ecuador está por discutir una ley sumamente restrictiva en materia de libertad de prensa".

"Argentina por su parte aprobó una ley que si bien afecta a los propietarios de los medios también repercute en los contenidos de los medios, así que esta parte es también una amenaza muy grande para la libertad de prensa. Y así como éstos hemos visto otros países, como Bolivia, donde los ataques verbales a la prensa y las manipulaciones de la publicidad también son muy serios", manifestó.

Marroquín subrayó en tanto que "México se ha convertido en el país donde es más peligroso ejercer el periodismo por el asesinato de periodistas, mientras en Cuba se niega absolutamente la libertad de expresión".

El editor remarcó que en los últimos años se notó un deterioro notable en la calidad de la libertad de prensa. "Se está legislando en contra de la prensa y esto es peligroso. Cuando un gobierno actúa de hecho en contra de los medios, la protesta funciona, pero cuando se pretende actuar de forma legal en contra de la libertad de prensa el peligro es muy grande".

El vicepresidente de la entidad rechazó las críticas a la supuesta manipulación de información por parte de los dueños de los medios de comunicación. "Hay un intento muy fuerte de desprestigiar a la prensa.

Debemos reconocer que la prensa no es una institución perfecta, los periodistas nos equivocamos, pero eso no significa que los gobiernos tengan derecho a censurar, coartar o atacar a la prensa", advirtió.

El objetivo de la SIP, destacó, es que "las sociedades del hemisferio vayan comprendiendo la importancia de defender la libertad de expresión no ya como un derecho de los periodistas sino como un derecho de los pueblos".

La Administración de Alimentos y Fármacos (FDA, por sus siglas en inglés) de EE.UU. actualiza cada año la tabla MacGraw Hill. Esta contiene parámetros técnicos que determinan el costo de cada consulta.

Por ejemplo, una visita médica de 10 minutos cuesta -según la tabla- USD 19,2. Cuando son 25 minutos el valor sube a USD 28,1. Los 45 minutos cuestan 41,4. Y cuando son 60 minutos llega a USD 59,2.

La intención en el país era adaptar este cálculo a la realidad local, pero aquello no se logró. Hace cuatro años, el Colegio Médico de Pichincha estableció que los médicos generales cobren USD 15 la consulta y los especialistas, 45, pero tampoco se concretó.

La directora de la Tribuna del Consumidor, María José Troya, advierte que será difícil poner en marcha una estandarización de precios. “Cómo van a determinar si un médico apenas comienza y otro ya tiene experiencia”.

Troya alerta que no hay controles y que eso incluso ha impedido que los doctores receten medicamentos genéricos, como lo establece la Ley Orgánica de Salud.

Sin embargo, para la salubrista Patricia Benavides la propuesta es buena, porque “permitirá el acceso de la población a especialidades a las que no podía acceder”.

Precisamente, la primera idea que surge del Ministerio de Salud es beneficiar a las personas que no tienen acceso a especialidades cuya atención tiene altos costos, como neurología. Para ello se busca formar el Sistema Nacional de Salud.

El presidente de la Federación Médica Ecuatoriana, Eduardo Camacho, pide que si se toma una resolución al respecto, que sea por consenso. Y lamenta que hasta ahora los médicos no puedan mantener una reunión con el presidente Rafael Correa.

Desde 2007, el gremio ha enviado al menos 10 oficios a la Presidencia de la República, pero ninguno ha tenido respuesta.

Sobre la posibilidad de estandarizar los precios tampoco han recibido información oficial. El tema comenzó a debatirse en las sociedades médicas del país.

En el pleno de la Asamblea Villavicencio hará una síntesis de la evaluación diagnóstica sobre el estado actual de la educación superior, considerada como la más rigurosa y pertinente en su género.

El informe técnico incluye a las universidades, escuelas politécnicas e institutos técnicos, tecnológicos, pedagógicos, conservatorios y de artes, que se sometieron, de acuerdo con una planificación, a una evaluación específica sobre la base de un modelo creado para el efecto.

En este proceso, que duró 15 meses, intervinieron todos los estamentos de 71 universidades y 288 institutos, y participaron 31 especialistas que se desplazaron a todas las provincias del país.

Uno de los objetivos del Mandato 14, según la disposición transitoria primera, es la de “garantizar la calidad de los establecimientos de la educación superior y propiciar su depuración y mejoramiento, de acuerdo con el Art. 91 de la Ley Orgánica de Educación Superior”. El informe será entregado al Conesup, que también, hace varios meses, elaboró un informe previo de la U.

Los ministros de Finanzas de los países del G20, reunidos hoy en Saint Andrews (Escocia), se pronunciaron por un acuerdo “ambicioso” en la conferencia de Copenhague sobre el clima, según el comunicado final de su reunión.

“Nos comprometimos a actuar para afrontar la amenaza del cambio climático y trabajar hacia un resultado ambicioso en Copenhague”, señala el texto consensuado por ministros y gobernadores de los bancos centrales del bloque de los principales países desarrollados y emergentes.

“Discutimos opciones de financiación del cambio climático y reconocimos la necesidad de aumentar de manera significativa y urgente la escala y previsibilidad de esta financiación para aplicar un acuerdo internacional ambicioso”, agrega el texto.

Apenas un mes antes de la cumbre climática que se celebra en diciembre en Copenhague (Dinamarca), tampoco esta vez los titulares de Finanzas del G20 llegaron a un compromiso total acerca de objetivos vinculantes y la aportación de fondos.

Al parecer China volvió a ser uno de los países más reacios a la adopción de medidas en la lucha contra el cambio climático, según trascendió. Desde el punto de vista del ministro británico de Finanzas, Alistair Darling, el cambio climático debe ser tomado tan en serio como la crisis financiera por las principales potencias económicas.

El Ministro británico consideró fundamental que los titulares de Economía de las naciones más poderosas lleguen a un acuerdo entre ellos. “Si no hay acuerdo sobre las contribuciones financieras, que asegure que podemos abordar el problema, será mucho más difícil adoptar una decisión en Copenhague”, consideró.

Una fuente francesa dijo que pese a la inminente cita de Copenhague, el tema “podría no aparecer en absoluto en el comunicado, o solo de forma muy vaga” porque algunas potencias emergentes consideran que el G20 no es “el foro apropiado” para discutir ese tema.

Darling reconoció que había “diferentes puntos de vista” alrededor de la mesa que podrían llevar a “discusiones difíciles” al inaugurar la reunión el sábado.

También advirtió: “Si no hay un consenso sobre la financiación, si no hay un acuerdo sobre contribuciones para asegurar que podemos luchar contra este problema, será mucho más difícil lograr un acuerdo en Copenhague”.

La conferencia sobre el clima de la ONU, que se celebrará en la capital danesa del 7 al 18 de diciembre, busca un acuerdo que suceda al Protocolo de Kyoto, pero cada vez hay más dudas sobre la posibilidad de lograr un tratado jurídicamente vinculante.

El máximo responsable de la ONU en la materia, Yvo de Boer, dijo recientemente que el G20 Finanzas era una de las dos “grandes oportunidades” de avanzar en el tema de la financiación antes de Copenhague.

La otra pasó cuando los líderes de la Unión Europea no especificaron con cuánto iban a contribuir pese a ponerse de acuerdo en que los países en desarrollo necesitarían unos USD 150 000 millones de anuales para 2020.

La Fundación Entra a mi mundo convoca a padres o familiares de niños, adolescentes o adultos a realizarles un examen para descartar o confirmar síntomas del espectro autista.

Los pacientes pueden acudir a las evaluaciones gratuitas, que se desarrollarán los sábados 21 y 28 de este mes, en las instalaciones de la Pontificia Universidad Católica del Ecuador, en la av. 12 de Octubre. Los exámenes se harán en la Facultad de Psicología, torre uno, quinto piso, en el Centro de Psicología Aplicada.

Antes de la consulta, los interesados deben inscribirse en el Centro de Diagnóstico, ubicado en La Niña E4-438 y Amazonas, tercer piso, oficina 300B. Para más datos pueden llamar a los teléfonos 603 9800 y 09 0703109.

La psiquiatra infantil cubana Ovidia Rodríguez evaluará a los pacientes. Ella es especialista en los problemas de aprendizaje y trastornos autistas, conoce sobre la detención temprana.

El autismo es un trastorno que afecta a las habilidades sociales y de comunicación con los demás. Es un desorden neurológico.

En Quito, una misma consulta puede costar entre USD 6 y 30, dependiendo del sector donde se ubique el consultorio. Los doctores tienen criterios divididos.

El pequeño cuarto con pisos de baldosas está dividido en dos. Una tabla tríplex separa la sala de espera y el consultorio donde el odontólogo Juan Fernando Saavedra atiende a sus pacientes.

El local está ubicado en plena zona comercial del popular barrio Comité del Pueblo, en el norte de Quito. Ahí Saavedra diariamente recibe hasta 10 pacientes.

Pero el profesional, graduado en la Universidad Central hace 20 años, cuenta que no tiene muchos ingresos, “porque una calza en amalgama (blanca) solo cuesta USD 6”. A 30 metros de este consultorio se ubica el centro médico Primavera, donde labora Marco Román, otro odontólogo que por el mismo tratamiento cobra 8.

Y a 200 metros del lugar, cuando termina la avenida Francisco Rebolledo y comienza la av. Eloy Alfaro, Blanca Tapia cobra USD 7 y regala desinflamantes que le llegan como muestras.
Los precios de este tratamiento suben hasta USD 50 en consultorios que operan en zonas residenciales como El Batán, González Suárez, El Pinar. Y bajan a un promedio de 20 en barrios del centro de Quito, como la Loma Grande, San Marcos, La Tola… En el país, las tarifas médicas no tienen regulaciones y varían de acuerdo con el sector donde esté ubicado el consultorio.

El único parámetro existente es el Código de Ética de la Federación Médica Ecuatoriana. El artículo 56 cita cinco factores para determinar el costo de la atención. Allí constan, por ejemplo, el prestigio profesional, costumbres del paciente, honesto pacto económico entre las partes, etc.


Mañana lea el informe completo en la Sección Sociedad de Diario EL COMERCIO en su edición impresa

Jaime Plaza. Desde Barcelona

A dos días de finalizar la reunión mundial sobre cambio climático en Barcelona, las diferentes delegaciones sienten la premura de lograr un entendimiento. Aunque las negociaciones continuaron ayer por la mañana, el tema del porcentaje de reducciones de las emisiones de gases contaminantes entramparon los diálogos.

Las reuniones del subgrupo encargado de definir los porcentajes de reducción de emisiones de gases con relación a los indicadores de 1990 se llevaron la atención. Ayer se decidió que seis de las 10 reuniones de este segmento, previstas para Barcelona, sean exclusivamente para tratar sobre las cifras que se niegan a aceptar países como EE.UU. y Canadá.

Allí se analizó un documento de 211 páginas que contienen los puntos en debate y se intentará un entendimiento que permita alistar un borrador del nuevo acuerdo de cambio climático para llevarlo a la Cumbre Mundial de Copenhague, Dinamarca, del 7 al 18 de diciembre de este año.

Pero, según reportó ayer la agencia AFP, el tan esperado Tratado de Copenhague podría tener que esperar entre tres y 12 meses después de la cita prevista en Dinamarca para ver la luz.

En efecto, representantes de la Unión Europea (UE) reconocieron ayer en Barcelona, donde tiene lugar la última ronda de negociación previa a Copenhague, que esta puede no desembocar en un nuevo tratado internacional, sino en algún tipo de acuerdo político sin carácter vinculante.

“La UE sigue pensando que es fundamental mantener el nivel de ambición, pero que al mismo tiempo debe tener capacidad de reacción (...) ante las dificultades de algunos países a asumir compromisos jurídicamente vinculantes”, afirmó Alicia Montalvo, directora general de la Oficina Española de Cambio Climático.

Artur Runge, de la Comisión Europea, consideró que en el contexto de una convención internacional, lo más rápidamente posible son de tres a seis meses. Varias ONG ecologistas acusaron a Estados Unidos de esta situación.

“Estados Unidos se está convirtiendo en un lastre en este proceso, su intransigencia está amenazando con matar toda perspectiva de un tratado jurídicamente vinculante en Copenhague”, dijo el director de políticas climáticas de Greenpeace, Martin Kaiser.

La administración de Barack Obama no quiere comprometerse en Copenhague con unas cifras vinculantes de reducción de sus emisiones de gases que después choquen con la oposición del Congreso, como ya ocurrió en su momento con el Protocolo de Kioto. Por eso, prefiere esperar que el Senado apruebe primero la ley nacional de reducción de emisiones, explicó en Barcelona el negociador jefe de EE.UU., Jonathan Pershing. Pero lo más probable es que esto ocurra después de la cita de Copenhague.

Los ecologistas también temen que la UE intente dar marcha atrás en sus compromisos.

Los estadounidenses consumen 25 000 millones de botellas de agua cada año. El agua es bienvenida pero los contenedores de plástico están declarados no gratos en 30 ciudades, una de ellas es Nueva York, que tiene prohibido su consumo en las oficinas municipales.

Nueva York, si no fuera por su organizado sistema sanitario, se ahogaría entre fundas, botellas, sillas, mesas, juguetes, computadoras, lámparas de plástico que se ven cada miércoles, día de reciclaje. Aunque, apenas el 17% de su basura se recicla, el resto se exporta a otros estados, por lo cual los contribuyentes pagan unos USD 300 millones anuales.

Solo la industria de las botellas para agua consume unos 17 millones de barriles de crudo en EE.UU., según el Earth Policy Institute. Nueva York ya tiene un fondo de USD 700 000 para promover el consumo de agua de la llave y reducir la presencia de botellas de plástico. Programas parecidos existen en Los Ángeles, San Francisco, Portland, Seattle, Filadelfia…En Chicago hay un impuesto de cinco centavos por cada botella, que paga el consumidor.

EE.UU. produce el 70% de la basura sólida de todo el planeta. El 43% de los desechos corresponde a plásticos: vasos, platos, fundas, botellas, galones. El 80% de los productos una vez usados es desechado.

El país sufre del síndrome de plasticomanía , que desde todos los frentes se trata de combatir. En Nueva York se desarrolla el Proyecto grifo. En 2008, 300 restaurantes participantes ofrecieron descuentos a sus clientes si solo consumían agua de la llave.

Pero el dolor de cabeza es el despilfarro de fundas de plástico. Unas 100 000 millones de fundas son enviadas a la basura cada año en el país.

“Nadie quiere usarlas, pero el 98% de los hogares del país lo hace porque no tienen alternativa”, dice Brian Davis, presidente de Green Genius, una empresa que está empezando a producir fundas biodegradables.

Han existido intentos de aplicar un impuesto para reducir el abuso en el uso de las fundas de plástico pero no han prosperado.

En Los Ángeles está pendiente una prohibición para 2010. Por ahora lo más serio en Nueva York es la autoconcienciación de los consumidores, que a veces se niegan a aceptar que en los almacenes les entreguen un cepillo de dientes en una funda de plástico, donde cabría una almohada.

“En Bélgica hemos aprendido a llevar nuestra funda de tela cuando vamos al mercado, pero aquí la gente me mira con extrañeza cuando les digo que yo tengo mi propia funda. Incluso algún vendedor se molestó cuando le extendí mi bolsa de tela, me dijo que no creía que una sola funda de plástico causara tantos problemas al ambiente”, cuenta Tine Destrooper, estudiante europea.

Lo que sí tiene Nueva York es un obligatorio plan de reciclaje, en el cual participan los tres millones de hogares, las escuelas, los negocios y las instituciones.

Según John Doherty, comisionado del Departamento de Sanidad, Nueva York tiene en vigencia uno de los programas más grandes de reciclaje en el país.

Todos los plásticos deben ser depositados en fundas grandes de color azul y en las casas y en los negocios hay un tarro para la basura biodegradable y otra para plásticos, si no se respeta ese plan la primera multa es de USD 20, pero la reincidencia sube a 500.

Además, hay cadenas de supermercados como Whole Foods, en donde las fundas de plástico están descontinuadas. En este caso es mejor llevar el bolso de tela.
Sims Metal Management hace el reciclaje de unas 240 000 toneladas de plásticos anuales a Nueva York. Estos son reconvertidos en nuevos productos. Pero ciudades como Seattle, con conciencia ecológica, en verano rechazó la aplicación de un impuesto a las fundas de plástico.

Raúl Vallejo. Ministro de Educación

Redacción Sociedad

¿Qué ganó el país con la declaratoria de Ecuador, patria alfabetizada ?

Hicimos la declaratoria como un elemento motivacional dentro del Programa de Educación Básica para Jóvenes y Adultos. No es una campaña de alfabetización, la meta es que para 2012, la población con rezago escolar, mayor de 15 años, complete los 10 años de escolaridad. La alfabetización es solo un paso, es saber descifrar los signos del lenguaje escrito.

¿No trató simplemente de cumplir con el compromiso de llegar a menos del 4% de analfabetismo en agosto?

Nos propusimos una meta. Al celebrar el Bicentenario reducir la tasa a menos del 4%. Tuvimos cuidado al pedir a alguien de afuera que audite nuestras cifras. Les entregamos los registros de los alfabetizandos para que los depuren y vean qué se hizo en cada cantón y provincia. Los técnicos contratados por la Unesco realizaron la proyección: 2,7%. Nunca dijimos que es una tasa real, eso lo dará el Censo de 2010. Con los datos no podíamos declarar a Ecuador libre de analfabetismo porque no está libre sino a Ecuador, patria alfabetizada .

Ecuador es patria alfabetizada, no es igual que Bolivia y Venezuela Raúl Vallejo Ministro de Educación

¿Qué significa eso?

Que hemos cumplido ese primer paso de educación básica para jóvenes y adultos. Mi sorpresa es que los consultores de Unesco, sobre todo Juan Ponce, se desdicen de su proyección. Si alguien hace un trabajo académico y constata cosas, debe hacerse cargo de eso.

¿Es una coincidencia que Venezuela y Bolivia hagan ese tipo de declaratorias y Ecuador sigue esa línea?

Ellos declararon territorio libre de analfabetismo. Yo no me atrevo a declarar territorio libre de analfabetismo, son sutilezas.

¿Qué garantiza el 2,7%?

Nos permite identificar los lugares en donde quedan los llamados bolsones de analfabetismo, por encima de la media nacional. En noviembre iniciaremos un trabajo intensivo con alfabetizadores. Si Pedernales está sobre el 7% (creo que tiene el 13%) nos dedicaremos a ese espacio, no podemos ir a Carchi, donde la tasa bajó al 1,5%, según la proyección.

Rosa M. Torres y Cecilia Amaluisa dicen que usó la cifra políticamente.

Es su punto de vista. Publicamos todo en la página web.

Los investigadores recalcaron que no se use la cifra como tasa de analfabetismo.

No la usamos así.

Pero les sirvió como un sustento para la declaratoria...

Si el estudio está bien hecho nos sirve como complemento a nuestras propias cifras.

Se basaron solamente en cifras que el Ministerio y Yo sí puedo entregaron. ¿Qué validez puede tener eso?

El trabajo de Juan Ponce era investigar la validez de las cifras, debió decir que las cifras eran válidas y no hacer la proyección.

Un número dice que un alumno tiene 8 sobre 20. Pero no habla de sus destrezas. No han realizado una evaluación del Programa.

Hoy hablaré con Edourd Matoko (director de la Unesco en Quito) y le pediré que haga la evaluación del programa. Lo mismo hice cuando fui director de la Campaña Monseñor Leonidas Proaño.

¿Ese proceso duró un año?

Duró seis meses.

¿Por qué no evaluar primero y luego hacer la declaratoria de Patria alfabetizada?

Una cosa es evaluar el programa, los materiales utilizados, los procesos que se siguieron, manejo de cifras, los problemas que hubo... Eso sirve para mejorar.

Y habría servido para conocer qué tan efectivo fue el programa Manuela Sáenz.

Una prueba fue aplicada a todos para evaluar el módulo Nuestros Derechos. La Encuesta de Hogares, a diciembre de 2008, dice que la tasa urbana de analfabetismo era del 4%. Qué dirán quienes señalan que no son ciertas las cifras si coinciden con las del próximo censo.

¿No necesitaba hacer esa declaratoria para contar esa noticia a la Unesco, en París?

Para nada. Fui ( hace una semana) a la reunión de Ministros de Educación que se hace cada dos años, en 2007 también asistí. La Unesco no es un tribunal, no rendí ningún informe, di un discurso de seis minutos. Y di una charla sobre Educación Inclusiva por ser presidente de la Oficina Internacional de Educación.