La nueva Ley Minera se presentará el próxima 27 de junio 6/9/2008 Quito, EFE Un total de 1 138 concesiones mineras revirtieron al Estado ecuatoriano desde que el pasado 18 de abril la Asamblea Constituyente aprobó el Mandato Minero, que disponía la anulación de todas las que tuvieran irregularidades o no pagaran patentes, informó hoy el ministro Galo Chiriboga. Las áreas revertidas al Estado de estas concesiones comprenden 2 084 024 hectáreas de terreno en las provincias de Pichincha (350 concesiones revestidas), Azuay (210), Loja (160), Chimborazo (145), Zamora (119), Guayas (110) y El Oro (44), dijo Chiriboga, ministro de Minas y Petróleo. Entre 313 de las concesiones mayores sumaban 992 353 hectáreas, dadas en concesión a las compañías mineras All Metals Mineria, Atlas Moly S.A., Arias Eguiguren Carlos Arturo, Dai Zhou Xiaohui, Ecuadorgold, Minera Mariana, Sierramin, Chanel Mining Resources, Elipe S.A. y Santa Barbara Copper and Gold. Hasta julio del año pasado se habían otorgado 4 605 concesiones mineras en Ecuador, que afectaban a 4,6 millones de hectáreas de terreno, mientras otras 1 562 en trámite no habían sido adjudicadas. Menos del siete por ciento de las concesiones estaban en fase de producción y entre todas habían generado al Estado ecuatoriano 25 millones de dólares en los últimos ocho años, ya que el fisco recibía regalías no por la producción, sino solo por el pago de patentes. Chiriboga anunció hoy que el 27 de junio próximo su departamento presentará el proyecto de nueva Ley de Minería, que en la actualidad discute con sectores sociales, empresariales e industriales. El ministro admitió el retraso en la presentación del proyecto de Ley, que en principio debía estar listo para fines de mayo pasado. "Queremos impulsar la actividad minera, pero con criterios ambientales y económicos; que la riqueza favorezca las zonas donde operan las compañías mineras", dijo Chiriboga. Según él, su Ministerio está abierto al diálogo, que consideró "necesario evitar las posiciones extremistas", de las que el Gobierno ha acusado a organizaciones que se oponen a convertir a Ecuador en un país minero, pues consideran que causará conflictos sociales y se perderán recursos medioambientales e hídricos. Pobladores de zonas de posible explotación minera, grupos sociales, indígenas y ecologistas se oponen tajantemente a la política minera propugnada por el Gobierno, que asegura que promoverá la actividad extractiva que suponga beneficios para el Estado, aunque tratará de minimizar los daños al medio ambiente. Derechos reservados ® 2001-2010 GRUPO EL COMERCIO C.A. Prohibida la reproducción total o parcial de este contenido sin autorización de Diario El Comercio